El conflicto legal entre la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y varios equipos profesionales de fútbol continúa escalando. La controversia surgió luego de que la Corte Constitucional anulara una multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a cinco clubes y a la Dimayor por prácticas anticompetitivas.
Antecedentes del caso
La semana pasada, Rusinque anunció que presentó una acción de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó respetar el debido proceso a los equipos y retrotraer la actuación administrativa para emitir un nuevo pronunciamiento motivado. La superintendente calificó la decisión del alto tribunal como un escenario de impunidad y tildó de inútiles e improcedentes las pruebas solicitadas por los clubes.
La investigación por el 'pacto de caballeros'
La sanción original se derivó de una investigación por un supuesto 'pacto de caballeros', evidenciado en chats, correos electrónicos y testimonios, mediante el cual los equipos habrían tomado represalias contra jugadores que exigían el cumplimiento de sus derechos laborales.
Recientemente, la SIC negó la solicitud de la Dimayor de realizar una peritaje informático a las pruebas digitales, argumentando que ya estaban verificadas técnicamente.
El documento de los apoderados
En un documento al que tuvo acceso EL TIEMPO, los apoderados de los equipos analizan recusar a Rusinque por supuestas causales de impedimento, derivadas de sus declaraciones públicas sobre el caso.
El texto señala: “Los abogados de los equipos profesionales de fútbol, de sus propietarios y de sus organizaciones que actuamos ante la SIC recibimos con sorpresa la insólita y agresiva declaración de la señora Cielo Rusinque contraria a la ley y a la Constitución y registramos su incursión en evidentes causales de recusación e impedimento”.
Además, anuncian que presentarán su coadyuvancia a la decisión de la Sala de Tutelas del alto Tribunal Constitucional en el incidente de anulación que la superintendente pretende ejercer contra el fallo judicial.
Finalmente, advierten: “La renombrada superintendente nos acusa irresponsablemente de faltas disciplinarias y penales sobre las cuales procederemos oportunamente a actuar ante la Procuraduría y ante la Comisión de Disciplina Judicial, como quiera que ella actúa en estos casos como autoridad administrativa e invade los ámbitos judiciales”.
Para los apoderados, Rusinque incurre en expresiones políticas y jurídicas que ofenden a la Corte Constitucional y a los defensores. Si el documento se radica en las próximas horas, el enfrentamiento judicial se extenderá en los tribunales.
