En una operación de gran escala que abarcó gran parte del territorio colombiano, la Fiscalía General de la Nación ejecutó medidas de extinción de dominio sobre centenares de establecimientos comerciales vinculados a la marca de ropa femenina Lili Pink. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente acusador, la estructura empresarial de esta marca habría sido utilizada como fachada para un complejo entramado criminal dedicado al lavado de dinero y al ingreso ilegal de mercancías al país.
Detalles de la operación judicial
La diligencia judicial, que se desarrolló de manera simultánea en 59 municipios, resultó en la afectación de 405 locales comerciales. Según el reporte oficial, las pesquisas sugieren que a través de la comercialización de prendas de vestir se habrían blanqueado aproximadamente 730.000 millones de pesos. Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fueron coordinados desde la Delegada contra las Finanzas Criminales, bajo la dirección de Aura Liliana Trujillo.
Mecanismo del lavado de dinero
Respecto al funcionamiento de esta presunta organización, el ente investigador señaló que la red operaba mediante la creación de diversas figuras jurídicas para evadir la vigilancia de las autoridades aduaneras. Según explicó la Fiscalía: "Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación".
La investigación también reveló que la razón social detrás de Lili Pink es la empresa Fast Moda SAS. Las autoridades competentes, lideradas por Leonardo Quevedo, jefe de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, y Juan Felipe Cárdenas, de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, determinaron que las actividades de esta firma buscaban ocultar el origen de los recursos y confundir el rastro del flujo de caja.
Impacto financiero y decomisos
El balance financiero presentado por las autoridades arroja cifras significativas sobre el impacto de estas actividades ilícitas. Además de los 730.000 millones de pesos presuntamente lavados, se estima un enriquecimiento ilícito de 430.000 millones de pesos por parte de los involucrados. Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó el decomiso de mercancía valorada en cerca de 54.000 millones de pesos, mientras que el monto total calculado por concepto de contrabando se sitúa alrededor de los 75.000 millones de pesos.
La intervención judicial no se limitará únicamente a los puntos de venta. La redada también incluyó la incautación de 40 bienes inmuebles, ocho vehículos y una sociedad comercial, activos que actualmente se encuentran en proceso de avalúo.
Capturas y cierre de establecimientos
Simultáneamente a la toma de los locales, agentes del CTI han procedido con la ejecución de órdenes de captura contra varios individuos señalados de integrar este entramado delictivo. El cierre de los establecimientos se realizó para permitir el avance de las diligencias ordenadas por la justicia y asegurar el material probatorio necesario para el proceso penal en curso.
