Desarticulada red criminal que operaba con vehículos embargados en el Caribe colombiano
La Fiscalía General de la Nación logró desmantelar una presunta estructura delictiva que operaba en municipios de los departamentos de Sucre y Cesar, donde se apropiaba ilegalmente de vehículos embargados judicialmente para posteriormente comercializarlos como si fueran bienes sin restricciones legales.
Modus operandi sofisticado con parqueaderos falsos
Según las investigaciones del ente acusador, la organización habría utilizado sociedades comerciales aparentemente legales y dos parqueaderos creados específicamente en Sincelejo para ejecutar su plan delictivo. Los implicados recibían automotores inmovilizados dentro de procesos civiles sin contar con autorización legal para prestar servicios de custodia.
Una vez los vehículos estaban bajo su control en estos parqueaderos, presuntamente eran retirados de los registros judiciales mediante mecanismos irregulares. Posteriormente, la red los comercializaba a terceros que desconocían completamente el origen ilícito de los automotores.
Al menos 13 vehículos afectados y pérdidas económicas
La Fiscalía estima que mediante este mecanismo fraudulento, la organización se habría apropiado de al menos 13 vehículos, generando importantes pérdidas económicas a los propietarios legítimos y afectando seriamente el desarrollo de procesos judiciales en curso.
Esta situación no solo perjudicó económicamente a los dueños originales de los automotores, sino que también comprometió la integridad de procedimientos legales establecidos para la administración de bienes embargados.
Capturas y judicialización de los implicados
En un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fueron capturados inicialmente cuatro particulares identificados como:
- William Enrique Hernández Surmay
- José de Jesús Pérez Martínez
- Erwin David Lamadrid Méndez
- Tony Alfonso Gutiérrez Arias
Posteriormente, de manera voluntaria, se presentó ante las autoridades Carlos Enrique Campo Salina, señalado como el quinto implicado en este caso delictivo.
Delitos imputados y medidas de aseguramiento
En audiencia ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Seccional Sucre imputó formalmente a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Hasta el momento, todos los implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia mientras avanza la investigación.
Este caso representa un golpe significativo a estructuras que buscan aprovecharse de procesos judiciales legítimos para beneficio económico ilícito, afectando tanto a ciudadanos particulares como al sistema de justicia colombiano.
