Capos criminales de Medellín responden con desafío a propuesta de extradición de alcalde Gutiérrez
La tensión alcanza niveles críticos en la Mesa de Paz Urbana de Medellín, donde dieciséis cabecillas de estructuras criminales encarcelados enfrentan una ofensiva legal sin precedentes por parte de la administración municipal. Lo que comenzó como un proceso de diálogo para desmantelar organizaciones delictivas se ha transformado en un complejo campo de batalla jurídico que involucra instancias internacionales.
La ofensiva legal de la Alcaldía de Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez ha tomado medidas contundentes que incluyen no solo la presentación de un proyecto legislativo ante el Congreso para derogar artículos fundamentales de la Ley 2272 de 2022 de la 'Paz Total', sino también una estrategia de alcance internacional. El mandatario anunció el envío de información detallada a autoridades estadounidenses y europeas sobre presuntos nexos con el narcotráfico de integrantes de estas estructuras criminales.
"Le enviaremos información precisa al embajador de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, el FBI, la DEA, a HSI, a las agencias americanas, a países en Europa, donde algunas de estas personas también tienen negocios de narcotráfico", declaró Gutiérrez con firmeza.
La respuesta desde la prisión de Itagüí
Desde el centro penitenciario de Itagüí, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias 'Carlos Pesebre', respondió con contundencia a las acusaciones. El líder criminal aseguró que esta no es la primera vez que el alcalde utiliza este tipo de discursos, especialmente en contextos preelectorales.
Sobre las amenazas de extradición, Ramírez García fue categórico: "Nosotros no hemos participado en narcotráfico, no hemos llevado un kilo de droga por allá". El cabecilla desestimó las acusaciones argumentando que, si existieran vínculos reales con el tráfico de drogas, la justicia estadounidense —que según él opera con pruebas concretas y no con "montajes"— ya habría actuado contra ellos.
La posición de alias 'Douglas'
José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas', con más de diecisiete años en prisión, calificó la iniciativa de la Alcaldía como una especulación política sin fundamentos jurídicos. El cabecilla cuestionó la inexistencia de órdenes de captura vigentes en su contra que justifiquen el discurso de persecución y negó rotundamente tener procesos pendientes por extradición.
"Si existiera una orden de extradición para mí, eso hubiera sido en el momento que me capturaron, porque Estados Unidos no perdona", afirmó Muñoz Martínez con convicción.
Su crítica más severa se dirigió hacia lo que denomina los "enemigos del proceso de paz", a quienes acusa de atacar la iniciativa únicamente porque se desarrolla bajo un gobierno de izquierda. 'Douglas' comparó la situación actual con su propia desmovilización en 2005 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, señalando que, en aquel entonces, bajo una administración de derecha, "todo era válido" y no se cuestionaban los salvoconductos ni las libertades otorgadas.
Un proceso de paz en la cuerda floja
La Mesa de Paz Urbana, concebida como un mecanismo para desarticular las estructuras criminales a través del diálogo, enfrenta ahora uno de sus momentos más delicados. Las medidas anunciadas por la Alcaldía de Medellín han generado reacciones inmediatas no solo desde las cárceles, sino también desde el ámbito político, incluyendo senadores de la coalición de gobierno.
Este enfrentamiento verbal y legal pone en evidencia las profundas tensiones que rodean los procesos de paz con actores armados no estatales en Colombia, donde cada movimiento político y judicial es analizado bajo el lente de la polarización nacional. La disputa entre la voluntad política municipal y la defensa jurídica de los cabecillas encarcelados marca un capítulo crucial en la compleja relación entre justicia, seguridad y procesos de paz en el país.
