La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red criminal que habría utilizado una reconocida cadena de ropa interior femenina para introducir al país recursos de origen ilícito por un monto de $730.000 millones. La operación involucró más de 400 locales comerciales que fueron ocupados con fines de extinción de dominio.
Así operaba el esquema de lavado de activos
La investigación reveló que la marca de ropa femenina, presente en diversos centros comerciales del país, habría servido como fachada para operaciones de contrabando y lavado de activos. El ente acusador determinó que la organización delictiva estructuró un complejo entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.
Leonardo Quevedo, director especializado en delitos fiscales, explicó que este esquema permitía ingresar al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional. La estrategia criminal consistía en dar apariencia de legalidad a las operaciones mediante la distribución de productos a través de la extensa red de locales comerciales.
Detalles del escándalo de la marca de ropa interior
La Fiscalía advirtió que las investigaciones apuntan a una operación sistemática de contrabando y lavado de activos. Las sociedades de papel habrían funcionado como intermediarias para ocultar el origen ilícito de los recursos y la procedencia irregular de la mercancía importada.
Los productos introducidos ilegalmente incluían principalmente prendas de vestir, especialmente ropa interior femenina, además de juguetes y cosméticos. Una vez ingresados al territorio nacional, estos artículos eran comercializados a través de la cadena de tiendas, permitiendo así la circulación de los recursos ilegales dentro de la economía formal.
Los locales ocupados permanecen bajo control de la Fiscalía en el marco del proceso de extinción de dominio, medida que busca recuperar bienes adquiridos con recursos de origen ilícito.
Pronunciamiento de la cadena de ropa
A través de un comunicado, la reconocida cadena de tiendas, representada legalmente por Fast Moda, confirmó que “la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”. Asimismo, pidió a la Fiscalía y a la SAE que adelantan los procesos investigativos proteger los empleos de sus colaboradores: “Les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.
