Asobancaria revela operación del 'cartel de la insolvencia' en Colombia
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha emitido una alerta nacional sobre la existencia de una estructura criminal organizada denominada 'cartel de la insolvencia'. Según el gremio financiero, esta red utiliza mecanismos de engaño sistemático para permitir que diversos deudores evadan ilegítimamente sus obligaciones financieras y comerciales.
Composición y funcionamiento de la red criminal
De acuerdo con la denuncia presentada por Asobancaria, esta estructura opera como una red coordinada integrada principalmente por abogados asesores que actúan en connivencia con determinados centros de conciliación. El objetivo central es facilitar el acceso indebido a los beneficios de la ley de insolvencia a personas que no cumplen con los requisitos de crisis económica real.
Uno de los componentes más críticos identificados son los llamados 'quiroamigos', individuos registrados en los procesos como supuestos prestamistas para crear deudas inexistentes. Asobancaria ha verificado que muchos de estos supuestos acreedores aparecen recurrentemente en múltiples procesos y, en diversos casos, son personas que se encuentran privadas de la libertad, demostrando la instrumentalización de identidades para concretar el fraude.
Modalidades de operación fraudulentas
La estructura criminal opera bajo una metodología de coordinación sistemática entre abogados y centros de conciliación. Las investigaciones del gremio han identificado un patrón donde los mismos profesionales del derecho, particularmente aquellos que representan a acreedores ficticios, acuden reiteradamente a las mismas sedes de conciliación.
Entre las tácticas principales se encuentra la creación de deudas ficticias, método utilizado para inflar el número de acreedores y el monto de las obligaciones. Esto permite que el deudor cumpla con los requisitos mínimos legales para declararse en insolvencia, perjudicando directamente a los acreedores legítimos como bancos, empresas del sector real y proveedores.
Sectores afectados y alcance del impacto
Jonathan Malagón González, presidente de Asobancaria, explicó que el impacto de este cartel se extiende más allá de las entidades bancarias tradicionales. Las acciones fraudulentas afectan obligaciones con el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y diversos actores del sector real.
Esta situación genera repercusiones negativas para todo el sistema financiero, incluyendo pérdida de confianza, reportes a centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito y consecuencias penales para los participantes. Malagón advirtió específicamente sobre 'una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones'.
Consecuencias legales y penales
Desde la perspectiva jurídica, las autoridades y expertos han advertido sobre la gravedad de estas conductas. El abogado penalista Iván Cancino señaló que tanto asesores como deudores y prestamistas ficticios incurren en conductas punibles. Los implicados podrían enfrentar cargos por delitos graves como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recordó que la figura de la insolvencia no fue creada para evadir pagos, sino para auxiliar a quienes están en crisis real. Los abogados que actúen fraudulentamente se exponen a sanciones administrativas severas, incluyendo la pérdida de su tarjeta profesional, además de penas de prisión.
Impacto económico y llamado a las autoridades
El reporte de Asobancaria subraya que el uso indebido de las herramientas legales de insolvencia deteriora la economía nacional al erosionar la confianza en los deudores. Este fenómeno provoca que las entidades financieras apliquen exigencias más estrictas para otorgar créditos y genera un encarecimiento general del costo del crédito para todos los ciudadanos.
Finalmente, el gremio ha solicitado a las autoridades competentes un fortalecimiento inmediato de los mecanismos de control y supervisión para frenar la operación de esta estructura criminal. Asobancaria hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar las herramientas legales con responsabilidad, recordando que participar en este cartel conlleva sanciones disciplinarias, multas y penas privativas de la libertad.
