Decisión judicial sacude mercado inmobiliario en zona norte de Cartagena
En un fallo que ha generado preocupación en el sector constructor, la Fiscalía 20 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena determinó la apropiación indebida de varios predios en el sector de Cielo Mar que, según la investigación, pertenecerían a la Aeronáutica Civil. La decisión judicial, resultado de una investigación que se extendió por más de una década, llevó a la cancelación de más de 400 folios de matrícula inmobiliaria.
Proyectos inmobiliarios afectados y respuesta de constructoras
Aunque contra esta decisión proceden recursos de reposición y apelación, la noticia generó alarma inmediata en el mercado, especialmente considerando que en la zona se desarrollaban varios proyectos de vivienda que ya contaban con un número significativo de compradores comprometidos. Dos constructoras directamente afectadas, Bocana Desarrollo Inmobiliario y Grupo Oikos, anunciaron de manera preventiva que devolverían el dinero a sus clientes, a pesar de que aún está pendiente la segunda instancia del proceso judicial.
Irvin Pérez Muñoz, gerente de Camacol Bolívar, el gremio representativo del sector de la construcción en la región, explicó la gravedad de la situación: "Una licencia de construcción es un acto administrativo que brinda al desarrollador y al comprador la absoluta garantía de que el proyecto cumplió con todos los requisitos, pero la realidad es que procesos externos terminan afectando el desarrollo y esto debe corregirse".
Falta de seguridad jurídica en el sector constructor
Pérez Muñoz enfatizó que este caso particular pone de manifiesto un problema más amplio que afecta a toda la ciudad: "El desarrollo de proyectos requiere de seguridad jurídica tanto para el comprador como para los constructores, pero la realidad es que siempre nos vemos abocados a cambios normativos, o en este caso, a una decisión judicial, que generan cierto tipo de riesgo a los proyectos".
El dirigente gremial destacó positivamente la respuesta de las constructoras involucradas: "Son dos proyectos que responden con toda la seriedad y esa es una garantía que debemos darle a los compradores, que su inversión está segura. A pesar de que existe un elemento externo no planificado para el constructor, las empresas salieron a responder inmediatamente y ese es el valor que tenemos".
La urgencia de un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado
Desde Camacol Bolívar se enfatizó que para generar mayor seguridad jurídica al sector de la construcción, lo primero es que Cartagena cuente con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado y con normas claras que den amparo legal tanto a constructores como a compradores. El gremio ha participado activamente en los espacios para la formulación de este importante instrumento de planeación.
"Hemos llevado propuestas claras que insisten en que el sector de la construcción necesita seguridad jurídica, porque la inversión que se hace es grande y los riesgos que se corren son muy altos", afirmó Pérez Muñoz, quien agregó que el POT permitirá consolidar las bases jurídicas para el desarrollo del suelo en Cartagena.
El gerente de Camacol concluyó: "Hay que entender que nosotros no buscamos un beneficio para el proyecto sino que ese proyecto pueda generar un impacto. Lo que tenemos que encontrar es la forma jurídica dentro del POT para que todos esos desarrollos se hagan con calidad y seguridad".
