Inpec ejecuta traslado masivo tras denuncias presidenciales sobre irregularidades en La Picota
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha realizado una operación de reubicación de 11 privados de libertad desde el centro penitenciario La Picota en Bogotá hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad. Esta decisión se produce como respuesta inmediata a las denuncias públicas formuladas por el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros nocturno, donde alertó sobre encuentros irregulares al interior de la cárcel.
Respuesta inmediata tras confrontación presidencial
La medida se implementó apenas 24 horas después de que el mandatario confrontara públicamente al ministro de Justicia durante una sesión gubernamental. Petro habría señalado específicamente irregularidades relacionadas con tres reclusos que presuntamente sostenían reuniones dentro de las instalaciones de La Picota, lo que motivó la acción inmediata de las autoridades penitenciarias.
Entre los trasladados figuran:
- Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira
- Alias Marquitos, señalado como integrante del Clan del Golfo
- Un sobrino de Gómez, también vinculado a la misma organización criminal
Ocho reclusos adicionales por posesión de elementos prohibidos
El Inpec confirmó oficialmente la reubicación mediante una resolución que incluye, además de los tres casos mencionados por el presidente, a otros ocho privados de libertad. Según informó la entidad, a este segundo grupo se le encontraron elementos prohibidos durante inspecciones realizadas en sus celdas.
Entre los objetos incautados se encontraba alcohol, cuya posesión constituye una violación grave de las normas del régimen penitenciario colombiano. Las autoridades no han detallado qué otros elementos fueron hallados ni han revelado las identidades completas de estos ocho reclusos adicionales, manteniendo reserva sobre información sensible.
Perfiles de los principales trasladados
El caso del exgobernador Kiko Gómez ha sido particularmente visible en la opinión pública colombiana. Su reclusión en La Picota se relaciona con investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su administración departamental en La Guajira, un proceso judicial que ha captado la atención nacional por varios años.
Por su parte, los miembros del Clan del Golfo trasladados forman parte de una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Su permanencia en centros de alta seguridad busca limitar sus capacidades de coordinación delictiva desde prisión, una estrategia que las autoridades implementan regularmente con líderes de bandas criminales.
Medidas de seguridad y reserva institucional
El Inpec no ha revelado a qué cárceles específicas fueron enviados los reclusos, una medida habitual en estos casos para garantizar la seguridad del traslado y prevenir posibles intentos de rescate o alteración del orden público. Esta política de reserva sobre destinos penitenciarios forma parte de los protocolos de seguridad establecidos para operaciones de alto riesgo.
La resolución emitida por el instituto penitenciario establece las bases legales para estos traslados, fundamentándose tanto en las denuncias presidenciales como en los hallazgos de elementos prohibidos durante las inspecciones rutinarias. Esta acción representa uno de los movimientos penitenciarios más significativos de los últimos meses en respuesta a alertas de alto nivel gubernamental.
