Asignación desigual de lugares de reclusión genera polémica en caso UNGRD
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definió mediante resoluciones del 17 de marzo los establecimientos donde cumplirán prisión preventiva los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, acusados por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Diferentes destinos para mismos delitos
Mientras Manzur fue asignado a la Estación de Carabineros 2-26 de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde se realizan adecuaciones especiales para su privación, Karen Manrique deberá cumplir su medida de aseguramiento en la cárcel ordinaria del Buen Pastor. Esta decisión ha generado intenso debate sobre los criterios utilizados para determinar lugares de reclusión.
Ambos parlamentarios, junto a otros cuatro colegas (Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz), enfrentan cargos por el delito de cohecho impropio. Según la investigación judicial, habrían recibido dádivas a cambio de emitir conceptos favorables sobre los empréstitos de la Nación que pasaban por el Comité Interparlamentario de Crédito Público.
Contexto del entramado corrupto
Este caso forma parte de un amplio entramado de corrupción que ya mantiene recluidos a varios altos funcionarios:
- La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz (en Carabineros)
- Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco (en guarnición militar)
- Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle (en pabellón de funcionarios públicos de La Picota)
Name y Calle fueron acusados específicamente de recibir coimas para facilitar el trámite de las reformas sociales del Gobierno y actualmente siguen su proceso judicial de forma virtual desde el conocido como 'Congresito' dentro del complejo carcelario.
Fundamentos legales y discrecionalidad del Inpec
El documento de asignación de Manzur cita el artículo 29 de la Ley 65 de 1993, que establece que "podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta".
El Inpec recibió el 13 de marzo la solicitud formal de la Corte Suprema para definir los lugares de reclusión de ambos congresistas, quienes permanecían detenidos en el búnker de la Fiscalía. Posteriormente, mediante comunicación del 17 de marzo, el asesor del sector Defensa, Armando Rafael Amaya Pardo, informó sobre las adecuaciones en la estación policial para albergar a Manzur.
Críticas al sistema de reclusión diferenciado
La decisión ha despertado fuertes cuestionamientos sobre el uso recurrente de instalaciones castrenses como lugares de reclusión privilegiada para personas acusadas de corrupción. El abogado Juan Sebastián Jiménez expresó: "Se roban la plata y los mandan a un hotel a seguir viviendo de nuestros impuestos. Luego confiesan, acuerdan devolver una parte y pa' la casa. El negocio es redondo. Por eso aquí no pasa nada. Por eso no avanzamos".
Por su parte, el politólogo Sebastián Londoño Méndez cuestionó abiertamente la disparidad de tratamiento: "Ambos sindicados por el mismo delito. El que tiene linaje e influencia política, le toca guarnición policial. En cambio, a Karen Manrique la mandan a una cárcel ordinaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿El apellido? ¿El poder que tiene Manzur? Esto es lamentable".
Desarrollo procesal y recursos judiciales
La Corte Suprema ha mantenido firmeza en el caso, negando una serie de recursos interpuestos por las defensas de Name y Calle contra tanto la acusación como la imposición de la medida de aseguramiento. Mientras tanto, la defensa de Karen Manrique estaría gestionando activamente la posibilidad de obtener también un cupo en alguna unidad militar, siguiendo el precedente establecido con Manzur.
Esta situación pone en evidencia las tensiones dentro del sistema judicial y penitenciario colombiano respecto al tratamiento diferenciado de personas acusadas de delitos similares, especialmente cuando involucran figuras políticas con distintos niveles de influencia y recursos.
