Procuraduría levanta suspensión de dragoneantes del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí
La Procuraduría General de la Nación ordenó levantar la suspensión provisional de once dragoneantes del Inpec que estaban vinculados al escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Antioquia. Este evento, que contó con la participación de cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá y artistas como Nelson Velásquez, generó una amplia controversia nacional.
Nulidad del proceso disciplinario
La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público declarara la nulidad del proceso disciplinario que había originado la medida. Se encontraron irregularidades sustanciales en el trámite inicial, específicamente que se adelantó simultáneamente la indagación previa y la apertura de la investigación disciplinaria, sin respetar la secuencia legal establecida.
Esto vulneró el debido proceso, dejando sin sustento jurídico las actuaciones adelantadas, incluida la separación temporal de los funcionarios. Como resultado, los dragoneantes pueden retomar sus funciones de inmediato, mientras las autoridades determinan cómo reiniciar el proceso bajo parámetros correctos.
Fallas en controles del penal
Las investigaciones posteriores al evento evidenciaron graves fallas en los controles del establecimiento penitenciario. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran:
- Ingreso irregular de personas no autorizadas al recinto.
- Introducción de bebidas alcohólicas y equipos de sonido sin supervisión.
- Posible participación de funcionarios en la logística y organización del evento.
Además, se reveló que la cárcel llevaba varios años sin un sistema adecuado de cámaras de seguridad, lo que dificultó significativamente la recolección de pruebas y el esclarecimiento de responsabilidades. Esta falta de vigilancia tecnológica ha sido señalada como un factor clave que permitió la realización de la fiesta.
Contexto adicional y traslado de cabecillas
En paralelo, se encuentra en evaluación el traslado de los cabecillas criminales que participaron en el evento. Esta medida fue ordenada por el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que estos individuos están involucrados en conversaciones de paz con el Gobierno, las cuales actualmente están suspendidas.
El caso ha puesto en evidencia no solo las deficiencias en los protocolos de seguridad del Inpec, sino también los desafíos en la gestión disciplinaria interna. La Procuraduría ha enfatizado la necesidad de revisar y fortalecer los procedimientos para evitar futuras vulneraciones al debido proceso.
