La Defensoría del Pueblo presentó este jueves su Informe de contraste al XIX análisis del Gobierno sobre el estado del Sistema Penitenciario y Carcelario, revelando que apenas el 58,6% de las personas privadas de la libertad en 20 cárceles inspeccionadas cuenta con cama propia. Esto significa que muchos reclusos deben dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas, lo que refleja una situación crítica en el sistema penitenciario colombiano.
Inspecciones en 20 centros penitenciarios
El informe se elaboró a partir de inspecciones realizadas durante el segundo semestre de 2025 en 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), que representan el 16% de las cárceles en funcionamiento en el país y albergan a 33.567 personas, cerca del 30% de la población carcelaria nacional. La falta de un lugar propio para dormir agrava las condiciones de convivencia, afecta la salud y profundiza la sensación de abandono dentro de un sistema que, según la Defensoría, sigue sin resolver problemas básicos.
Déficit de camastros y unidades sanitarias
La entidad documentó un déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas. Aunque estos aspectos pueden parecer operativos, están relacionados con la dignidad de la pena y las condiciones mínimas que debe garantizar el Estado a quienes están bajo su custodia. En espacios donde conviven miles de personas, el acceso a baños, agua, ventilación e iluminación adecuadas incide en la salud pública y en la prevención de enfermedades y conflictos.
Barreras en la atención médica
Otro punto señalado por la Defensoría es el acceso a la salud. En las cárceles inspeccionadas se encontraron barreras recurrentes, como demoras en procedimientos, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos. El informe menciona casos en cárceles masculinas como La Modelo y femeninas como El Buen Pastor, en Bogotá, donde persisten obstáculos que afectan la atención de la población privada de la libertad. En contextos penitenciarios, las demoras médicas tienen un impacto mayor, pues los internos dependen casi por completo de la capacidad institucional para recibir tratamientos, autorizaciones, traslados o medicamentos.
Centros de Detención Transitoria: uso indebido
El panorama también se extiende a los Centros de Detención Transitoria (CDT). La Defensoría inspeccionó 55 de estos espacios y encontró a 5.510 personas detenidas, pese a que están diseñados para permanencias inferiores a 36 horas. Según el informe, el 82,5% de las personas encontradas llevaba más tiempo del permitido, y el 15% permanecía allí desde hacía más de un año. Esto muestra una distorsión en el uso de espacios que no fueron concebidos para estadías prolongadas ni cuentan con las condiciones de infraestructura, atención y servicios necesarios. La entidad halló instalaciones con ventilación e iluminación deficientes, y centros donde un solo sanitario debía ser compartido por 125 personas, cuando la norma establece uno por cada 25 detenidos.
Llamado del Gobierno a humanizar la pena
Ante este panorama, la Defensoría pidió al Gobierno avanzar en la humanización de la pena, fortalecer la infraestructura penitenciaria, garantizar recursos para salud y alimentación, y modernizar los sistemas de información del sistema carcelario. La advertencia no se expresa únicamente en cifras de ocupación o capacidad, sino en condiciones cotidianas que determinan cómo se cumple la pena en Colombia. Dormir en el suelo, no acceder a atención médica o compartir un sanitario entre decenas de personas no son detalles administrativos; son señales de un sistema que sigue acumulando deudas con la dignidad humana.
