Emergencia sanitaria en el sistema carcelario colombiano
Una decisión gubernamental que modifica radicalmente la prestación de servicios de salud en las prisiones del país ha desatado una crisis institucional sin precedentes. El Ministerio de Salud pretende transferir la atención médica de más de 106.000 personas privadas de la libertad a la Nueva EPS, una medida que expertos califican como "un riesgo grave para la vida y dignidad humana".
Retroceso en avances históricos
A pesar de las históricas dificultades estructurales del sistema penitenciario colombiano, en años recientes se habían establecido mecanismos de coordinación interinstitucional y rutas de gestión del riesgo que permitían una atención verificable. La nueva directriz del Gobierno Nacional, según denuncian organismos de control, ignora por completo estos progresos y amenaza con desmantelar redes de atención cuidadosamente construidas.
La situación actual presenta inquietantes paralelos con la crisis de Caprecom entre 2009 y 2015, cuando el colapso de esa entidad sumió al sistema penitenciario en una emergencia sanitaria de proporciones catastróficas. La Nueva EPS, que actualmente enfrenta documentadas dificultades operativas y financieras, no parece contar con la capacidad necesaria para asumir esta monumental responsabilidad.
Irregularidades en el proceso de transición
La denuncia formal presentada ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General revela que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la PPL aprobó un modelo de operador único nacional bajo condiciones altamente cuestionables:
- Falta de sustento técnico: No existen estudios jurídicos ni financieros que respalden la viabilidad del cambio estructural.
- Ausencia de plan de transición: Se ordenó la terminación anticipada de contratos vigentes sin establecer mecanismos para garantizar la continuidad del servicio.
- Prioridades invertidas: Se acusa al Ministerio de Salud de anteponer "agendas políticas con sesgos evidentes" a la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
"Este cambio genera un riesgo jurídico y asistencial que podría derivar en responsabilidad estatal por la afectación al acceso, la seguridad del paciente y la dignidad humana", señala el comunicado oficial de los organismos de control.
Consecuencias legales y fiscales inminentes
Las implicaciones de esta decisión trascienden lo meramente sanitario. La terminación unilateral de contratos podría generar:
- Indemnizaciones millonarias que representarían un riesgo fiscal significativo para el Estado.
- Posibles faltas disciplinarias por desconocer los principios fundamentales de planeación y legalidad en la administración pública.
- Conductas penales si se comprueba que esta transición improvisada vulnera directamente el derecho a la vida de los internos.
La comunidad internacional y los entes de control mantienen una vigilancia extrema sobre este proceso, mientras la incertidumbre y la desconfianza crecen exponencialmente en los centros penitenciarios de todo el territorio nacional. La sombra de una crisis humanitaria se cierne sobre un sistema ya de por sí sobrecargado y vulnerable.
