Vivir en propiedad horizontal en Colombia implica compartir zonas comunes y aceptar normas que garantizan el bienestar colectivo. El uso de cámaras de seguridad se ha convertido en una herramienta esencial para prevenir delitos y monitorear actividades en tiempo real. Sin embargo, lo que muchos propietarios desconocen es que estos artefactos los convierten en colaboradores potenciales de la justicia colombiana.
La obligación frente a las autoridades
La Fiscalía General de la Nación recordó recientemente que, si bien captar imágenes de entradas o espacios públicos es legal con fines de seguridad, los dueños de estos sistemas tienen el deber de cooperar con las autoridades. El material recolectado puede ser la pieza clave para resolver investigaciones judiciales y registrar evidencia visual en casos de hurtos o agresiones.
Cuando la Policía, el CTI o la propia Fiscalía adelantan una investigación, están facultados para solicitar acceso a los videos de vigilancia. La entidad fue enfática al señalar que este aporte es un compromiso ciudadano con el sistema legal del país. “Los ciudadanos pueden ser requeridos por las autoridades judiciales o policiales para entregar grabaciones como prueba”, explicó el ente acusador.
Asimismo, advirtió que ignorar estos llamados puede traer repercusiones serias. Según el organismo, “negarse a colaborar con una investigación puede considerarse obstrucción a la justicia, especialmente si la información es esencial y ha sido solicitada por un fiscal delegado”.
Es importante anotar que, en situaciones donde no exista una urgencia inmediata, los funcionarios deben presentar una orden emitida por un fiscal delegado para proceder con el requerimiento del material fílmico.
Privacidad y manejo de datos
El uso de estas herramientas no es ilimitado y debe ajustarse a la normativa de protección de datos personales. La Fiscalía subrayó que todas las grabaciones están sujetas a la Ley 1581 de 2012 y al Código de Procedimiento Penal. Por ello, se recomienda a los ciudadanos:
- Entregar los videos en formatos accesibles como memorias USB o enlaces en la nube.
- Solicitar siempre un comprobante de recepción por parte de la autoridad que recibe el material.
- No alterar, editar ni eliminar los registros originales.
- Evitar la difusión de los videos en redes sociales, ya que esto podría vulnerar la privacidad de terceros involucrados.
¿Qué pasa con las solicitudes de los vecinos?
Una duda recurrente en los conjuntos residenciales es si un copropietario debe entregar sus grabaciones a un vecino que lo solicite de manera particular. Frente a esto, la Fiscalía aclaró que los ciudadanos no tienen la obligación de suministrar material fílmico a particulares o vecinos si no media una orden o una solicitud judicial formal.
“Grabar espacios públicos o entradas es completamente legal cuando se busca garantizar la seguridad del lugar. (…) Si tienes cámaras de seguridad, úsalas con responsabilidad”, concluyó la entidad.
