Instalación de cámaras de reconocimiento de placas en Bogotá avanza lento: van 90 de 200
Cámaras de placas en Bogotá: solo 90 instaladas de 200

El contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento de placas en Bogotá ha vuelto a ser centro de controversia tras la aprobación de una nueva prórroga, la séptima desde su firma. Así lo denunció el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien cuestionó los retrasos y advirtió sobre posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto.

Avance insuficiente del proyecto

Según el concejal, hasta la fecha solo se han instalado 90 de las 200 cámaras contratadas. De estas, 70 ya cuentan con recepción técnica y 20 aún están en proceso. Esto ocurre a pesar de que el contrato supera ampliamente el plazo inicial de ejecución. El proyecto pasó de un plazo de 182 días a 844 días, con una nueva extensión que se extiende hasta el próximo 27 de agosto.

“Lo que estamos viendo es un contrato con múltiples demoras al que le siguen ampliando los plazos, mientras la ciudad enfrenta problemas de seguridad”, señaló Ramírez Vahos.

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Ejecución presupuestal y falta de interventoría

El concejal también advirtió que la ejecución presupuestal alcanza cerca del 67%, lo que equivale a unos 9.635 millones de pesos colombianos, de un total que supera los 14.000 millones destinados al proyecto. Además, señaló que durante aproximadamente ocho meses el contrato habría estado sin interventoría, lo que afectó el seguimiento de las actividades y el cumplimiento del cronograma.

Investigación disciplinaria en curso

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación ya adelanta una investigación disciplinaria sobre el contrato SCJ-1904-2023, relacionado con la compra e instalación de estas cámaras. El concejal anunció que citará un nuevo debate de control político y pedirá la intervención de organismos como la Contraloría y la Personería para revisar posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.

El proyecto de cámaras LPR hace parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad, particularmente en la identificación de vehículos vinculados a delitos. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad no se ha pronunciado sobre la nueva prórroga ni sobre los cuestionamientos planteados.

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