En las últimas horas, la Asociación Unitaria de Trabajadores de Emssanar envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, solicitando frenar una eventual liquidación de Emssanar EPS antes del 31 de mayo. El sindicato advierte que esta decisión comprometería la atención de más de 1,6 millones de afiliados, la estabilidad laboral de 1.585 trabajadores y la operación de la red pública hospitalaria del suroccidente del país.
Preocupación por el futuro de la EPS
En el pronunciamiento, la organización sindical sostiene que la decisión sobre el futuro de la EPS tendrá efectos directos sobre usuarios, empleados, hospitales públicos y finanzas estatales. “Hasta el próximo 31 de mayo se adoptará una decisión que determinará el acceso a la salud de más de millón seiscientos colombianos”, señala el documento revelado por Caracol Radio. La carta está dirigida también al ministro de Salud y al superintendente, a quienes el sindicato les plantea que liquidar la EPS sería una medida “equivocada, costosa para el Estado y devastadora para los más vulnerables, usuarios y trabajadores”. Según la asociación, no se trata solo de cerrar una empresa, sino de afectar una estructura de aseguramiento construida durante tres décadas en el suroccidente colombiano.
El sindicato recuerda que Emssanar nació en 1994 como Empresa Solidaria de Salud, en el marco de la implementación de la Ley 100, y que su origen estuvo ligado a organizaciones comunitarias que asumieron el aseguramiento de población pobre. Por eso, afirma que liquidarla “equivale a desmontar tres décadas de construcción comunitaria del propio Estado”.
Más de 1,6 millones de afiliados en riesgo
De acuerdo con los trabajadores, a diciembre de 2025 Emssanar prestaba servicios de salud a 1.673.178 afiliados. De ese total, 1.560.296 pertenecen al régimen subsidiado, es decir, población de menores ingresos. La EPS tiene presencia en 102 municipios y una participación del 33,74% en el régimen subsidiado del suroccidente, lo que la convierte en el principal asegurador de esa población. La asociación advierte que entre esos afiliados hay personas con enfermedades de alto costo, como cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH y enfermedades huérfanas. Para el sindicato, esa condición aumenta la sensibilidad de cualquier decisión administrativa, pues muchos usuarios viven en municipios donde Emssanar es “prácticamente la única alternativa real de aseguramiento” y no tendrían una transición sencilla hacia otra EPS.
Complejidad financiera y epidemiológica
El pronunciamiento también plantea que la situación financiera de Emssanar debe interpretarse con la complejidad epidemiológica de la población que atiende. Según la carta, la empresa concentra afiliados en zonas rurales dispersas, territorios con altos niveles de pobreza y barreras estructurales de acceso, condiciones que elevan el costo médico de la atención y presionan los indicadores financieros. En ese punto, el sindicato sostiene que las notas a los estados financieros muestran una mayor concentración de atenciones en niveles de alta complejidad, asociada a la limitada capacidad resolutiva de la red de baja y mediana complejidad disponible en esos territorios. Esa combinación, advierte, puede hacer más costosa y difícil la atención de los usuarios si se interrumpe el proceso actual.
Impacto laboral y social
La carta también pone el foco en el impacto laboral. Emssanar cuenta con 1.585 colaboradores, de los cuales el 71% son mujeres, equivalentes a 1.101 trabajadoras. Además, el 62% se identifica como cabeza de familia, lo que corresponde a 968 personas que son la única o principal fuente económica de su hogar. El sindicato agrega que más del 88% de los trabajadores pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y que el 45% vive en arriendo. Con base en esas cifras, calcula que cerca de 4.000 personas dependen económicamente de estos empleos. “La liquidación no produce desempleo abstracto. Produce una crisis social concreta”, advierte la comunicación.
Para la organización, esa crisis afectaría principalmente a hogares encabezados por mujeres, en territorios donde el mercado laboral es estructuralmente débil. Además, sostiene que la liquidación tampoco sería fiscalmente viable para el Estado, porque las obligaciones laborales con 1.585 trabajadores, junto con prestaciones sociales causadas y eventuales indemnizaciones, configurarían un pasivo que terminaría siendo asumido con recursos públicos.
Riesgo de crisis hospitalaria regional
La preocupación se extiende a la red hospitalaria. Según el sindicato, las IPS y hospitales públicos que operan en los 102 municipios donde Emssanar tiene presencia dependen de los pagos corrientes y de la deuda para sostener su flujo operativo. Una ruptura en esa cadena, dice la carta, podría arrastrar “una crisis hospitalaria regional” que luego tendría que ser rescatada con recursos públicos adicionales. El pronunciamiento señala que también podrían presentarse demandas de afiliados que queden sin atención, especialmente quienes padecen enfermedades de alto costo y vean interrumpidos sus tratamientos. Por eso, la asociación insiste en que el costo agregado de liquidar a Emssanar sería, probablemente, superior al de continuar el plan de recuperación en marcha. “¡Decisión que está en sus manos!”, les advierten a las autoridades.
