Superintendencia de Salud enfrenta graves acusaciones de desacato judicial en proceso de Coosalud
El representante legal del exgerente de la EPS Coosalud, Jaime González, ha presentado una contundente denuncia pública contra la Superintendencia Nacional de Salud, acusándola de incurrir en desacato judicial flagrante al dilatar y obstaculizar la entrega de la entidad de salud, tal como fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Incumplimiento de orden judicial genera tensión en Cartagena
El abogado Julián Quintana, representante legal de Jaime González -quien dirigía Coosalud antes de su intervención-, reveló detalles preocupantes sobre lo ocurrido este martes en las instalaciones de la EPS en Cartagena. "Nos presentamos puntualmente para iniciar el proceso de entrega, tal como lo ordenó el Tribunal, que dispuso devolver la entidad al estado en el que se encontraba antes de la intervención", explicó Quintana en entrevista con Blu Radio.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el agente interventor designado, Jorge Orlando Suárez, después de presentarse inicialmente para realizar la entrega, se retiró abruptamente manifestando que la Superintendencia Nacional de Salud había negado la continuidad del procedimiento. "De un momento a otro el interventor nos dice que él no puede seguir entregando la información y que no va a hacer ninguna entrega porque la Superintendencia dio la orden de que no se podía hacer nada", detalló el abogado.
Superintendencia defiende su posición mientras crecen las críticas
Frente a estas graves acusaciones, la Superintendencia de Salud ha salido a la defensa, asegurando que sí está acatando el fallo del Tribunal, aunque con una interpretación diferente. La entidad regulatoria argumenta que el interventor continuará en ejercicio de sus funciones hasta tanto se culmine la entrega formal de la EPS, programando para ello mesas técnicas de alistamiento a partir del lunes 20 de abril de 2026.
Quintana rechaza esta postura categóricamente: "Están tratando de ganar tiempo y dilatar y no entendemos las razones para que hoy no se haya hecho esa entrega inmediata que fue así como lo ordenó el tribunal". El letrado insiste en que la orden judicial establece la entrega inmediata y sin interpretaciones adicionales, por lo que cualquier dilación constituye desacato.
Contexto crítico: Coosalud en números alarmantes
Esta controversia judicial se desarrolla en medio de una situación extremadamente delicada para Coosalud. Según datos revelados por el propio Tribunal Administrativo de Bolívar:
- Desde la intervención de la EPS, se ha registrado un incremento del 32% en quejas y reclamos de usuarios
- Las cuentas por cobrar con más de 180 días de mora se dispararon de $66.000 millones a más de $274.700 millones
- La situación financiera y operativa de la entidad se ha deteriorado significativamente
El representante legal enfatiza que estas cifras demuestran la urgencia de resolver la situación de gobierno corporativo de Coosalud, y que cualquier retraso en la implementación de la orden judicial agrava el perjuicio tanto para la entidad como para sus afiliados.
Próximos pasos y consecuencias legales
La Superintendencia ha convocado formalmente a mesas técnicas para el próximo lunes 20 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones de COOSALUD EPS S.A. en Cartagena. Sin embargo, el equipo legal de Jaime González mantiene que esto no cumple con la inmediatez requerida por el fallo judicial.
"Sin duda alguna es un desacato total a la decisión", reiteró Quintana, dejando entrever la posibilidad de nuevas acciones legales si persiste el incumplimiento. La tensión entre el poder judicial y el organismo de control de salud se intensifica mientras miles de afiliados a Coosalud esperan una resolución definitiva que garantice la estabilidad y calidad de su servicio de salud.
