Procuraduría exige medidas urgentes ante crisis de Nueva EPS para proteger a 11 millones de pacientes
En medio de una crisis financiera y operativa profunda que afecta a la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación requirió de manera inmediata a la Superintendencia Nacional de Salud que refuerce las acciones de vigilancia y control sobre esta entidad, intervenida desde abril de 2024. El objetivo central es garantizar el cumplimiento de la ley, proteger el derecho fundamental a la salud y evitar riesgos sobre la vida e integridad física de los millones de pacientes afiliados.
Requerimientos específicos y plazos estrictos
El llamado fue dirigido específicamente a la superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, a quien el Ministerio Público le solicitó ejercer un control efectivo sobre los planes de acción adoptados por la entidad. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió información detallada sobre:
- El plan de trabajo para cerrar, certificar, dictaminar y aprobar los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024
- La legalización de anticipos entregados a la red prestadora, proveedores de servicios y tecnologías en salud
- Las acciones para estabilizar la radicación, procesamiento y contabilización de las cuentas médicas
- Reportes con soportes sobre el giro de recursos relacionados con el procesamiento y auditoría de cuentas médicas
- Avances en la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica
La entidad de control fijó un plazo de cinco días hábiles para la entrega del informe solicitado, subrayando que el objetivo primordial es proteger los derechos fundamentales de más de 11 millones de afiliados a la Nueva EPS.
La grave dimensión de la crisis financiera
El requerimiento de la Procuraduría se produce en un contexto de deterioro financiero que distintas entidades de control han calificado como estructural y de proporciones alarmantes. Según datos de la Contraloría General de la República:
- La deuda de la Nueva EPS aumentó un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones
- El patrimonio de la entidad se desplomó de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos en marzo de 2025
- Esta situación fue calificada por el ente de control como una "inviabilidad estructural" que requiere medidas urgentes
Consecuencias operativas y afectación a pacientes
Las consecuencias de este deterioro financiero ya se reflejan en la operación cotidiana del sistema de salud en todo el país:
- Se han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos por parte de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud debido a la falta de pagos
- Las quejas ante la Defensoría del Pueblo relacionadas con la Nueva EPS crecieron un 107% durante 2025, con un total de 14.603 registros
- Este incremento evidencia dificultades persistentes para acceder a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos en distintas regiones
Según informes de la Procuraduría General de la Nación, tras la intervención ordenada en abril de 2024, el costo de la prestación de servicios superó los ingresos, profundizando el desequilibrio financiero. El indicador pasó del 95,6% en 2022 a un mayor deterioro en la etapa posterior, demostrando que la medida no logró los resultados esperados.
Factores agravantes y llamado a la acción
Entre los factores señalados en los análisis previos se encuentran:
- La falta de reconocimiento oportuno de las necesidades reales del sistema
- Retrasos en los giros de recursos desde la ADRES, especialmente en lo relacionado con los presupuestos máximos
- Demoras que han generado asfixia financiera en los distintos eslabones de la cadena de atención
Con más de 11,7 millones de afiliados, la Nueva EPS es la aseguradora más grande del país, lo que convierte su situación en uno de los principales focos de preocupación del sistema de salud colombiano. La gravedad de la crisis explica el tono urgente del requerimiento de la Procuraduría, que insiste en la necesidad de adoptar medidas de control que no se limiten a diagnósticos, sino que se traduzcan en acciones efectivas.
El Ministerio Público subrayó que no se trata únicamente de revisar cifras contables, sino de garantizar que los planes de acción eviten poner en riesgo la vida de los pacientes y aseguren la correcta destinación de los recursos públicos. La protección de los derechos fundamentales de millones de colombianos depende de la respuesta inmediata y efectiva a esta crisis sin precedentes en el sistema de salud nacional.
