Procuraduría desmiente al Gobierno Petro y concluye que muerte de Kevin Acosta fue por negligencia de la Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un contundente informe que desmiente las versiones del gobierno del presidente Gustavo Petro y concluye que la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, ocurrida el 13 de febrero en Bogotá, fue consecuencia directa de la negligencia de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el gobierno nacional.
Dos meses sin medicamento vital
El documento, elaborado por la delegada en Salud Mónica Ulloa y conocido por este medio, revela que el menor estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento Factor VII, tratamiento esencial para su diagnóstico de hemofilia. La última dosis fue administrada el 14 de diciembre de 2025 por la IPS Medicarte, la cual terminó su contrato con la Nueva EPS el 31 de diciembre del mismo año debido al incumplimiento de obligaciones financieras por parte de la EPS intervenida.
"Kevin estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS", señala el informe procuradurial fechado el 17 de marzo.
Fallas administrativas sistemáticas
La investigación detalla una cadena de fallas administrativas que impidieron la continuidad del tratamiento:
- La Nueva EPS trasladó a los usuarios de Medicarte a Solutions IPS sin formalizar adecuadamente el proceso
- No se remitieron oportunamente las historias clínicas ni la información necesaria para la gestión terapéutica
- La EPS no giró los recursos comprometidos para el tratamiento del menor
- No existía un prestador activo responsable de la continuidad del tratamiento durante enero y febrero de 2026
"La EPS incurrió en fallas administrativas que impidieron garantizar la continuidad del tratamiento y la prestación oportuna de los servicios", resaltó la delegada Ulloa en su informe.
Contradicción con versiones gubernamentales
Este informe procuradurial contradice directamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien había atribuido la muerte del menor a una supuesta irresponsabilidad de la madre en el cuidado del niño. El documento oficial establece claramente que la responsabilidad recae en la entidad de salud y no en la familia del paciente.
"El suministro inoportuno del medicamento se encuentra directamente vinculado a la responsabilidad de la Nueva EPS como garante del aseguramiento en salud", detalló el ente de control, subrayando que se trataba de "un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, diagnosticado con una enfermedad de alto costo y perteneciente a la población vulnerable".
Consecuencias fatales y amplio impacto
La interrupción del tratamiento durante dos meses culminó en un sangrado intracraneal profuso que resultó fatal para el menor. Kevin Acosta fue trasladado desde Pitalito, Huila, hasta Bogotá, donde ingresó al Hospital La Misericordia el 9 de febrero, pero sus condiciones eran ya irreversibles cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos.
La Procuraduría ha remitido el caso a una delegada disciplinaria para investigar posibles irregularidades, destacando que la situación afecta a cientos de historias clínicas de pacientes en circunstancias similares. La Nueva EPS, actualmente intervenida, cuenta con más de 11 millones de afiliados en todo el país.
El informe concluye que la crisis en la salud se ha agravado en las EPS intervenidas, contrario a lo que había buscado el gobierno a través de sus agentes interventores, y que la deuda de la Nueva EPS con la IPS Medicarte asciende a 53.187 millones de pesos.
