Procuraduría exige información urgente sobre situación de Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un ultimátum formal a la Superintendencia Nacional de Salud, exigiendo información detallada y actualizada sobre la situación operativa y financiera de la Nueva EPS. Esta acción se produce en un contexto crítico para la principal aseguradora del país, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados y presencia en todo el territorio nacional.
Incumplimientos persistentes en gestión de recursos
Según la comunicación oficial enviada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, a la superintendente nacional de Salud, Luz Marina Múnera, la Nueva EPS presenta graves deficiencias en el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La entidad de control ha identificado que la EPS continúa otorgando anticipos a prestadores y proveedores de servicios de salud de manera sistemática, una práctica que debería ser excepcional y estar sometida a rigurosos controles. Esta situación evidencia la falta de mecanismos efectivos de gestión y supervisión sobre los recursos financieros que recibe.
Fallas tecnológicas y operativas documentadas
La Procuraduría ha documentado específicamente que la Nueva EPS no ha cumplido con la meta relacionada con el procesamiento modernizado de cuentas médicas. Hasta agosto de 2025, este proceso seguía ejecutándose mediante un aplicativo altamente manual, generando ineficiencias operativas significativas, mayores tiempos de respuesta y riesgos considerables en la calidad de la información procesada.
Esta situación se agrava por el hecho de que la resolución que mantenía la extensión de la intervención de la Nueva EPS por parte de la Supersalud venció el pasado 3 de abril, dejando en incertidumbre el estatus actual de la entidad.
Impacto directo en los afiliados
Los problemas de gestión tienen consecuencias directas para los usuarios del sistema de salud. Según informes de gestión a los que tuvo acceso este medio, las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5% de los afiliados de la EPS. Entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron en un alarmante 160%.
La Procuraduría ha solicitado específicamente a la Supersalud que confirme si se mantienen o no las causales de intervención forzosa por parte del Gobierno, considerando la gravedad de las situaciones documentadas.
Silencio institucional y falta de respuestas
Hasta el momento, ni la Nueva EPS ni la Superintendencia Nacional de Salud se han pronunciado públicamente para aclarar la situación de la entidad o responder a las preocupaciones planteadas por el Ministerio Público. Este silencio institucional ocurre mientras la Procuraduría insiste en que, a pesar de algunas acciones implementadas por la EPS en actividades relacionadas con el cierre, certificación y dictamen de estados financieros, así como en la estabilización del envío de información regulatoria, la entidad aún no cumple con la totalidad de las órdenes impartidas por el ente de control.
La situación descrita representa un desafío significativo para el sistema de salud colombiano, particularmente considerando el alcance nacional y la cantidad de usuarios afectados por las deficiencias operativas y de gestión identificadas por las autoridades de control.
