Gobierno de Petro exime a Nueva EPS de liquidación pese a su crítica situación financiera
En una decisión que marca un punto de inflexión para el sistema de salud colombiano, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de todas las EPS que se encuentren en estado de quiebra. Sin embargo, en medio de esta directriz, el mandatario realizó una excepción clave: Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que presenta los peores indicadores financieros y operativos del sector.
La contradicción en la política sanitaria
Durante el consejo de ministros del 16 de marzo, Petro fue categórico: "Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas". El presidente además descartó que el Estado asuma las deudas del sistema, argumentando que sería "un suicidio para Colombia" destinar alrededor de 50 billones de pesos para ese propósito.
No obstante, el mandatario hizo una salvedad significativa al referirse a Nueva EPS. Petro aseguró que el Estado, como copropietario de esta entidad, debe recibir pagos y cubrir obligaciones, lo que —según su visión— podría evitar que entre en causal de liquidación y permitirle salir de la intervención que mantiene desde abril de 2024.
Los alarmantes números de Nueva EPS
La decisión de mantener operativa a Nueva EPS resulta paradójica cuando se analizan sus indicadores financieros. Según datos de la Contraloría General de la República:
- Su deuda creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025
- Pasó de deber 5,42 billones de pesos a 21,37 billones en ese período
- Su patrimonio se deterioró hasta ubicarse en -6,25 billones de pesos
- 95 instituciones de salud han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos
- Las quejas de usuarios ante la Defensoría del Pueblo aumentaron 107% durante 2025
El ente de control calificó esta situación como una "inviabilidad estructural", lo que contrasta con la intención gubernamental de preservar la entidad.
El riesgo sanitario de trasladar millones de afiliados
La orden presidencial afectaría principalmente a siete EPS intervenidas: Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. En conjunto, estas aseguradoras suman más de 12 millones de afiliados que deberían ser redistribuidos en un sistema que ya opera al límite de su capacidad.
En este escenario, Nueva EPS aparece como el principal receptor potencial de estos usuarios, lo que elevaría su base de afiliados de los actuales 11 millones a aproximadamente 23-24 millones de personas.
El profesor Luis Jorge Hernández, experto en salud pública, advierte sobre las consecuencias: "La eventual liquidación de siete EPS no es solo un ajuste administrativo, es un evento crítico de alto riesgo sanitario". Según el académico, Nueva EPS "no tiene capacidad" para absorber más usuarios, ya que presenta saturación en indicadores como tutelas, quejas y entrega de medicamentos.
La lógica detrás de la excepción
Según el exministro de Salud Augusto Galán, la apuesta del Gobierno responde a una intención estructural: "reconstruir un modelo similar al antiguo Seguro Social". En entrevista con medios nacionales, Galán explicó que desde el inicio del gobierno se ha buscado concentrar el aseguramiento en una entidad de carácter público, siendo Nueva EPS el eje de esa estrategia.
Sin embargo, el exministro cuestiona la viabilidad del plan: "Es una decisión abrupta que uno realmente no entiende". Galán advierte que trasladar entre 12 y 13 millones de afiliados adicionales a Nueva EPS podría generar "un riesgo real de un colapso total del sistema de salud".
Impacto en pacientes y sistema sanitario
Ambos expertos coinciden en que el principal impacto recaería sobre los usuarios, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo o crónicas. Hernández señala que podrían producirse interrupciones de tratamientos, pérdida de continuidad en la atención y desorganización general del sistema.
Galán refuerza esta preocupación: "El mayor daño que puede causar esta medida es en usuarios y pacientes", al advertir que una transición desordenada afectaría severamente la continuidad de la atención médica.
Además, la incertidumbre generada por el anuncio presidencial ya produce efectos inmediatos. Según el exministro, clínicas y hospitales podrían restringir servicios ante el riesgo de no recibir pagos, agravando aún más la crisis financiera del sistema de salud.
Entre la técnica y la política
El trasfondo de la decisión, según los analistas, combina consideraciones técnicas y políticas. Hernández califica la medida como "una presión política" para avanzar en la reforma a la salud, mientras que Galán la interpreta como un intento de imponer un modelo sin consenso amplio.
Ambos coinciden en que el proceso de liquidación no será inmediato y podría extenderse por años, pero advierten que los efectos negativos se sentirán desde los primeros momentos de implementación.
La estrategia gubernamental de liquidar EPS mientras busca sostener a Nueva EPS crea una tensión fundamental: apostar por una entidad con "inviabilidad estructural" para absorber gran parte del sistema podría, en lugar de resolver la crisis, profundizarla hasta niveles críticos.
El dilema queda planteado: ¿puede el sistema de salud colombiano soportar esta transición sin colapsar, o la decisión de preservar Nueva EPS a toda costa terminará por afectar a millones de pacientes que dependen de una atención médica oportuna y de calidad?
