Petro avanza con liquidación de EPS en quiebra tras archivo de reforma a la salud
El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno procederá con la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra, una decisión que surge después de que el Tribunal de Antioquia frenara el decreto gubernamental que buscaba el traslado obligatorio de afiliados entre estas entidades. "Las EPS, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas", declaró el mandatario durante el consejo de ministros.
Contexto político y financiero de la medida
Esta determinación se produce en un momento crucial tras el archivo de la reforma a la salud en el Congreso de la República y mientras se espera un nuevo proyecto que sería presentado el próximo 20 de julio. Petro fue enfático al señalar que el Gobierno no asumirá la deuda acumulada por las EPS privadas, advirtiendo que transferir esos compromisos al Estado pondría en grave riesgo la estabilidad fiscal del país.
"Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar $50 billones para pagar la deuda de las EPS", manifestó el presidente, subrayando la magnitud del problema financiero. En la actualidad, existen ocho EPS intervenidas que agrupan aproximadamente 24 millones de afiliados y acumulan deudas por 13 billones de pesos.
Las EPS afectadas y el caso especial de Nueva EPS
Las entidades en esta situación crítica incluyen:
- Nueva EPS
- Famisanar
- Coosalud
- Asmet Salud
- Emssanar
- Savia Salud
- Servicio Occidental de Salud
- Capresoca
El presidente se refirió particularmente al papel de Nueva EPS, que cuenta con participación estatal. Según explicó, el Gobierno debe responder por su parte accionaria, lo que permitiría mejorar su situación financiera y facilitar su salida de la intervención actual.
Cuestionamientos jurídicos y constitucionales
Expertos en derecho constitucional y salud han expresado serias reservas sobre la viabilidad jurídica de una orden presidencial directa para liquidar estas entidades. El constitucionalista Ramiro Bejarano calificó la medida como "una arbitrariedad más de Petro", señalando que el presidente ha establecido la causal de disolución de las EPS por orden presidencial.
"Es semejante a las expropiaciones express de Chaves y a los manotazos de un 'dictadorzuelo'. Ahora vendrá lo que está buscando: un caos generalizado en la salud", afirmó Bejarano, cuestionando además el papel de los organismos de control en este proceso.
Procedimientos legales y responsabilidad estatal
El abogado Fabio Humar precisó que no es el presidente quien ordena la liquidación de una entidad, sino que es la ley la que establece los procedimientos cuando se cumplen ciertos requerimientos. "Veremos cuál es el plan del gobierno para suplir y atender a los usuarios y pacientes que están en esas EPS", manifestó.
Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que la viabilidad jurídica depende de la distinción entre voluntad política y procedimiento técnico-legal. "Una decisión de ese tipo debe estar soportada en argumentos de orden técnico y no podría ser ejecutada por los ministerios de hacienda y salud sino por la entidad definida por la ley para ese efecto", señaló.
Riesgos y preocupaciones del sector salud
Pérez advirtió sobre el riesgo de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen si la decisión no está sustentada en argumentos técnicos. "Las preguntas que subyacen es ¿quién pagará las deudas que le dejan al sistema estas entidades? y ¿qué ocurrirá con los pacientes?", cuestionó el experto.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, mostró su preocupación por la falta de claridad en las declaraciones presidenciales. "Creemos que el gobierno está jugando con la vida de los colombianos porque no hay consideración que, primero, intentó el movimiento de la población a la Nueva EPS y, como no lo logra, la salida es eventualmente esa liquidación", afirmó.
El panorama actual de la salud en Colombia no pinta bien según los expertos, quienes señalan que las quejas aumentan cada día y que ha quedado demostrado que la Nueva EPS no está logrando atender adecuadamente a los pacientes. La comunidad jurídica y de salud espera ahora la motivación de los actos administrativos que se expidan para materializar este anuncio presidencial.
