Profesoras pensionadas denuncian suspensión de tratamientos para hijos con autismo en Antioquia
En Antioquia, un grupo de maestras jubiladas del magisterio ha alzado su voz para denunciar una grave crisis que afecta a sus familias: la suspensión de tratamientos médicos y la no entrega de medicamentos esenciales para sus hijos con discapacidad. Esta situación impacta con especial dureza a quienes son madres y cuidadoras principales, quienes aseguran sentirse completamente desamparadas por el sistema de salud colombiano.
"No puedo ver a mi hijo desatendido"
Isabel Murillo, una profesora pensionada de 63 años, relató con profundo dolor que su hijo Miguel, un joven de 23 años diagnosticado con autismo, lleva ya tres meses sin recibir sus medicamentos prescritos, terapias especializadas ni atención integral alguna. "Tengo mucho dolor, no puedo ver a mi hijo desatendido, me niego a aceptar esa realidad", expresó con emoción contenida.
La situación se agrava porque la propia Isabel enfrenta demoras significativas en la atención de sus propias condiciones de salud, que incluyen osteoartrosis, hipotiroidismo y trastornos de ansiedad. "Me duele profundamente que, teniendo una condición de multimorbilidad y contando con una protección especial constitucional, el sistema no reconozca nuestros derechos", reclamó con firmeza.
"Un retroceso inaceptable en la salud de nuestros hijos"
Gladys Arbeláez, otra profesora jubilada, vive exactamente la misma situación y exige atención inmediata no solo para su hijo, sino para todos los hijos de sus colegas que atraviesan este mismo drama sanitario. "Para ellos esto representa un retroceso inaceptable en su salud, y por eso afirmo que están atentando directamente contra los docentes y, de manera cruel, afectando la salud de las personas con discapacidad", señaló con indignación.
Arbeláez responsabilizó directamente al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la EPS encargada de la atención del magisterio por esta situación crítica. Ambas mujeres han hecho un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y al Gobierno Nacional, manteniendo la esperanza de que alguien finalmente las escuche y les brinde soluciones concretas en medio de lo que describen como "una oscuridad que golpea sin piedad a las familias más vulnerables del magisterio".
Este caso evidencia las fallas estructurales en el sistema de salud colombiano, particularmente en lo que respecta a la atención de poblaciones con necesidades especiales y a los derechos de los adultos mayores que son cuidadores. Las profesoras pensionadas insisten en que no descansarán hasta que se restablezcan completamente los tratamientos y medicamentos esenciales para sus hijos, exigiendo respeto por su dignidad y por los derechos constitucionales que les asisten.
