Muerte de menor con hemofilia por falta de medicamento reactiva debate sobre crisis de EPS
El fallecimiento del menor Kevin Acosta, ocurrido el pasado 13 de febrero, ha abierto un nuevo frente de controversia sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia. Diagnosticado con hemofilia, el niño estuvo dos meses completos sin recibir el tratamiento que debía aplicarse cada 21 días para prevenir hemorragias, un hecho que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Detalles del caso y omisión en el tratamiento
De acuerdo con la información conocida, Kevin no accedía al fármaco esencial desde diciembre de 2023, pese a que se trataba de un medicamento vital para evitar episodios de sangrado. La indagación fiscal busca establecer si existieron omisiones graves por parte de funcionarios del sistema de salud, particularmente por la presunta negativa o demora injustificada de la Nueva EPS en suministrar el tratamiento requerido.
El caso se ha convertido en un símbolo dramático de la crisis financiera que atraviesan las EPS, varias de ellas intervenidas por el Gobierno Nacional, y del impacto directo que estas dificultades administrativas pueden tener en pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas que dependen de medicamentos esenciales.
Declaraciones controvertidas y ausencia de información clave
La polémica aumentó considerablemente tras una alocución del 16 de febrero, en la que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atribuyeron inicialmente la muerte del menor a un accidente en bicicleta que, según sus versiones, debía haber sido prevenido por su madre. Posteriormente, las mismas fuentes indicaron que la familia no habría autorizado una cirugía en la cabeza para tratar una hemorragia derivada del golpe.
Llama profundamente la atención que en ninguna de esas declaraciones oficiales se hiciera referencia al hecho fundamental de que el niño llevaba exactamente dos meses sin recibir el medicamento preventivo que su condición de hemofílico requería periódicamente para mantener su salud estable.
Procuraduría exige explicaciones a Superintendencia de Salud
En paralelo a la investigación penal, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud información detallada sobre el plan de trabajo para lograr el cierre, certificación y aprobación de los estados financieros de la Nueva EPS correspondientes a los años 2023 y 2024.
El Ministerio Público ha pedido específicamente:
- Detalles sobre la legalización de anticipos
- Información sobre proveedores de servicios de salud
- Documentación sobre tecnologías en salud implementadas
- Procesos de auditoría de cuentas médicas
- Ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica
La Superintendencia dispone de cinco días hábiles para entregar todos los soportes requeridos sobre las medidas adoptadas frente al giro de recursos y otros procesos administrativos relacionados con el caso.
Posibles consecuencias penales y disciplinarias
Expertos en derecho penal consultados advierten que este caso podría derivar en responsabilidades significativas tanto penales como disciplinarias. El reconocido penalista Fabio Humar señaló que la no entrega oportuna de un medicamento vital podría constituir un delito omisivo, e incluso dar lugar a una investigación por homicidio por omisión si se demuestra la relación causal entre la falta del tratamiento y el fallecimiento.
En la misma línea, el abogado Saúl León explicó que funcionarios con deberes específicos de inspección, vigilancia o gestión directa del acceso al tratamiento podrían enfrentar sanciones severas si se comprueba una omisión en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades deberán establecer de manera concluyente si entidades como la Superintendencia de Salud o el propio Ministerio de Salud conocían la situación crítica del menor y no actuaron dentro de sus competencias para garantizar su derecho a la salud.
Reavivación del debate sobre el derecho a la salud
Entretanto, el trágico caso de Kevin Acosta reaviva con intensidad el debate nacional sobre la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud en Colombia. La situación expone las graves falencias del sistema y la urgente necesidad de reformas estructurales que prevengan que otros pacientes con condiciones médicas críticas queden desprotegidos por problemas administrativos o financieros de las entidades promotoras de salud.
