Megatraslado obligatorio de EPS: impacto masivo en el sistema de salud colombiano
El sistema de salud colombiano enfrenta uno de los movimientos administrativos más significativos y polémicos de las últimas décadas. Mediante el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional ha ordenado el traslado obligatorio de 6.519.719 afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) en un plazo de apenas tres meses. Esta redistribución masiva, presentada como una reorganización territorial técnica, ha generado alertas entre expertos, académicos y organizaciones de pacientes por sus potenciales efectos negativos.
Magnitud sin precedentes del reordenamiento
La dimensión del traslado resulta abrumadora: representa más del 12% de todos los afiliados del sistema de salud colombiano. Millones de personas verán modificada su EPS sin haberlo solicitado, enfrentando adaptaciones a nuevas redes hospitalarias, médicos tratantes, centros de diagnóstico y procedimientos administrativos. Detrás de lo que parece un simple ajuste de afiliación, se esconde una transformación que puede alterar tratamientos médicos en curso, rutas de atención establecidas y relaciones clínicas construidas durante años.
El mecanismo de redistribución se activa cuando una EPS no cumple con los nuevos criterios de habilitación territorial establecidos en el decreto. En municipios grandes solo podrán operar las entidades que superen el 3% de los afiliados, mientras que en departamentos con más de dos millones de habitantes el umbral sube al 5%. En territorios más pequeños puede llegar hasta el 15%, y en poblaciones con menos de 20.000 habitantes, el decreto permite que opere una sola EPS.
Concentración preocupante en Nueva EPS
Los cálculos del reordenamiento revelan cambios drásticos en el mapa del aseguramiento. Nueva EPS será la principal receptora, pasando de 11,58 millones a 14,19 millones de afiliados, un incremento de 2,6 millones de personas en solo tres meses. Simultáneamente, otras aseguradoras sufrirán reducciones significativas: Asmet Salud perderá el 54,7% de sus afiliados, Coosalud el 29,2%, Famisanar el 28,4% y Emssanar el 21,3%.
La situación se vuelve más crítica en 504 municipios donde solo quedará autorizada una EPS: Nueva EPS. En estos territorios, los afiliados carecerán de alternativas reales de asegurador, concentrando la atención en una sola entidad. Esta decisión genera especial preocupación considerando la situación financiera de Nueva EPS, cuya deuda creció 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, alcanzando los 21,37 billones de pesos.
Riesgos concretos para los pacientes
Las organizaciones de pacientes advierten que el cambio masivo no es un simple trámite administrativo. "El traslado masivo de usuarios implica el movimiento de procesos terapéuticos complejos que ya están en curso", explica Martha Herrera, directora de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas. Los riesgos son particularmente altos para pacientes con:
- Enfermedades raras
- Cáncer en tratamiento
- Patologías respiratorias crónicas
- Condiciones de alta complejidad
Cuando un paciente se encuentra en medio de terapias especializadas como quimioterapia, tratamientos biológicos o administración de medicamentos huérfanos, cualquier cambio en el asegurador puede generar:
- Revalidaciones de autorizaciones
- Modificaciones en la red de prestadores
- Demoras en la entrega de medicamentos
- Repetición de pruebas diagnósticas
Limitación de derechos fundamentales
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostiene que el decreto limita derechos esenciales del sistema. "Los pacientes pierden el derecho a la libre elección y a la movilidad dentro del sistema", afirma. En municipios donde solo quedará una EPS habilitada, los usuarios quedarán prácticamente atrapados en una sola entidad, reduciendo la portabilidad a un derecho meramente formal.
Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios, cuestiona el momento elegido para la implementación. "Puede que tenga lógica reorganizar territorialmente el sistema, pero lo que no tiene lógica es hacerlo en medio de la crisis actual", señala, refiriéndose al traslado de millones de colombianos a una EPS intervenida que ha mostrado deterioro en sus indicadores de servicio.
Impacto operativo y jurídico
Desde la perspectiva de salud pública, el salubrista Luis Jorge Hernández advierte que los procesos de migración masiva suelen generar:
- Retrasos en autorizaciones
- Cambios en las redes de prestadores
- Dificultades para garantizar continuidad de tratamientos
- Interrupciones en programas esenciales como control de enfermedades crónicas
En el terreno jurídico, el exministro de Salud Augusto Galán critica que se estén introduciendo modificaciones estructurales al sistema de aseguramiento mediante decreto, cuando correspondería tramitarlas mediante ley. "Lo más delicado es qué pasará con los pacientes que tienen tratamientos que no se pueden suspender", explica, destacando los riesgos durante el período de transición.
Desafíos inmediatos y futuros
Mientras las demandas contra el decreto avanzan en el Consejo de Estado, el proceso de redistribución ya ha comenzado. En los próximos meses, el traslado de más de seis millones de pacientes se hará sentir en hospitales, farmacias y consultorios de todo el país. Allí, lejos de las disputas jurídicas y el lenguaje técnico, se medirá el verdadero impacto de una decisión administrativa que puede redefinir el funcionamiento del aseguramiento en Colombia.
Como coinciden expertos y organizaciones de pacientes, mover millones de nombres en bases de datos es apenas la parte visible del cambio. El desafío real será garantizar que, en medio de la mayor redistribución de afiliados en décadas, ningún tratamiento se interrumpa y ningún paciente vea comprometido su derecho fundamental a la salud.
