Gobierno de Petro enfoca liquidación de EPS en quiebra tras fracaso de reforma sanitaria
La decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra ha generado un nuevo frente de incertidumbre dentro del sistema sanitario colombiano. Esta medida, anunciada el pasado 16 de marzo, surge después de que el mandatario reconociera que "el Congreso no aprobó la reforma a la salud" y que "ya no tenemos alternativas", marcando un giro estratégico en la gestión gubernamental del sector.
Las EPS que estarían en la mira del Ejecutivo
Aunque la orden presidencial no especifica nombres concretos, al revisar los datos oficiales de las entidades con mayores dificultades financieras emerge un grupo significativo que podría verse afectado por esta medida de liquidación. Según análisis basados en información gubernamental, las EPS que enfrentan situaciones críticas incluyen:
- Nueva EPS: Concentra aproximadamente 11 millones de afiliados y reporta pérdidas por $21 billones
- Famisanar: Cuenta con 2,9 millones de afiliados y deudas cercanas a $2,3 billones
- Coosalud: Atiende a 3,2 millones de usuarios en diversas regiones
- Emssanar y Savia Salud: Cada una supera el millón y medio de afiliados
- Asmet Salud, Capresoca y SOS: Completan el listado de entidades con graves problemas financieros
En conjunto, estas ocho EPS suman más de 20 millones de afiliados distribuidos en distintas zonas del territorio nacional, lo que representa un desafío monumental para la continuidad del servicio de salud.
Impacto geográfico y financiero de la medida
La presencia territorial de estas entidades abarca regiones clave como:
- Bogotá y Cundinamarca
- Antioquia y el Eje Cafetero
- Valle del Cauca y el suroccidente colombiano
- La región Caribe
Esta amplia cobertura geográfica amplifica significativamente los riesgos asociados a una eventual liquidación masiva, ya que implicaría reorganizar la atención médica de millones de usuarios en un sistema que ya enfrenta presiones operativas y financieras considerables.
El caso de Nueva EPS resulta particularmente crítico, no solo por su tamaño sino por sus implicaciones fiscales. Al tener el Estado una participación del 50% en esta entidad, el Gobierno tendría que asumir al menos $10 billones de su deuda con recursos públicos, trasladando así parte del problema directamente a las finanzas nacionales.
Reacciones del sector y advertencias de gremios
Las voces del sector no tardaron en manifestar su preocupación ante la medida anunciada por el Ejecutivo. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), advirtió que "con la salud no se improvisa" y cuestionó que la crisis se intente resolver mediante liquidaciones. Según su análisis, una decisión apresurada podría:
- Interrumpir tratamientos médicos en curso
- Retrasar la entrega de medicamentos esenciales
- Aumentar la incertidumbre para pacientes y familias
- Profundizar la crisis del sistema sanitario
En la misma línea, Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que la medida podría afectar gravemente tanto a usuarios como a prestadores de servicios de salud. Destacó que "no se planea su transición, se afecta gravemente a los prestadores y hospitales, y se garantiza la contundencia de la crisis", alertando sobre el impacto que tendría en la operación integral del sistema.
Problemas estructurales y contexto político
Más allá de las posiciones encontradas, el debate actual pone sobre la mesa problemas estructurales que han sido advertidos por distintos actores del sector salud. Según Lacouture, la propia Corte Constitucional ha señalado insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación y rezagos en los presupuestos máximos, lo que sugiere que las dificultades financieras del sistema van más allá de la gestión específica de las EPS.
En este contexto, la decisión del Gobierno se interpreta como un cambio de estrategia tras el fracaso legislativo de la reforma a la salud, con la intención de intervenir el sistema desde el Ejecutivo mientras se prepara un nuevo proyecto que sería presentado el próximo 20 de julio. Sin embargo, los mecanismos de implementación y las garantías para los usuarios siguen siendo una incógnita.
Actualmente, el foco de atención está en comprender cómo se garantizaría la continuidad en la atención de millones de afiliados si se materializa la liquidación de estas entidades. La magnitud de los usuarios involucrados y el tamaño de las deudas en juego plantean un escenario complejo, donde cualquier decisión tendrá efectos no solo en el sistema de salud, sino también en las finanzas públicas y en la estabilidad social del país.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud enfrentan el desafío de diseñar protocolos de transición que minimicen el impacto en la población, en medio de un sistema que ya muestra signos evidentes de tensión financiera y operativa.
