IPS denuncia red de extorsión por interventores de EPS Famisanar: presiones y represalias
La Institución Prestadora de Servicios de Salud Rohi IPS SAS ha hecho pública una grave denuncia en la que asegura haber sido víctima de presuntas prácticas de extorsión, presiones indebidas y represalias contractuales durante la actual intervención de la EPS Famisanar. Según el comunicado oficial firmado por su gerente, Luis Carlos Bermúdez, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, tras el cambio en la dirección de la entidad intervenida.
Relación estable que se rompió abruptamente
Rohi IPS mantuvo durante siete años una relación de alianza estratégica con Famisanar, incluso en periodos anteriores de intervención, sin conflictos contractuales ni financieros relevantes. Esta situación se mantuvo estable hasta finales de noviembre de 2025, cuando asumió como interventor Germán Gallo, acompañado por las asesoras Johana Astrid Celis y Diana Hernández.
El primer cambio que encendió las alertas fue la suspensión de la publicación del cronograma de pagos a IPS en el módulo de proveedores de la página web de la EPS, un mecanismo que, según la denuncia, se utilizaba para garantizar transparencia y equidad en las transacciones. Posteriormente, en diciembre, Rohi IPS reportó un deterioro abrupto de su flujo de caja, que habría caído a menos del 20% de lo necesario para operar normalmente.
Encuentro presencial con solicitudes inusuales
La situación escaló el 19 de diciembre de 2025 durante una reunión presencial en la sede de Famisanar con Johana Astrid Celis. Según la denuncia, los directivos de Rohi IPS fueron sometidos a un "perfilamiento" inusual, con preguntas sobre padrinazgos políticos, volumen de facturación, número de pacientes y disposición a aceptar condiciones especiales para acceder al pago de la cartera pendiente.
En ese mismo encuentro, la asesora habría asignado de manera directa a Rohi IPS la gestión de un dispensario farmacéutico en Funza, Cundinamarca, sin estudios técnicos ni validación tarifaria adecuada, exigiendo su apertura en un plazo de diez días y ofreciendo libertad para fijar el valor per cápita. Antes de finalizar la reunión, según el relato de la IPS, se habría solicitado la entrega de televisores como "donación" para una fiesta de fin de año de empleados, solicitud que Rohi IPS afirma haber cumplido bajo un ambiente de presión evidente.
Esquema de extorsión planteado abiertamente
Dos días después, el 21 de diciembre, Bermúdez asegura haber recibido llamadas insistentes de una mujer que se identificó como Lilia Calderón, quien se presentó como directora de desarrollo de servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. La cita derivó en una reunión en la Gobernación el 22 de diciembre, donde, según la denuncia, Calderón habría planteado abiertamente un esquema de extorsión: un descuento del 1% a la cartera a favor de Famisanar y el pago adicional del 12% en efectivo a un intermediario, a cambio de garantizar el giro de los recursos adeudados.
Rohi IPS afirma que, en esa reunión, Calderón demostró conocer en detalle la información financiera y operativa de la empresa, incluyendo montos de cartera, número de pacientes y asignaciones previstas vía Adres, y que incluso aseguró poder gestionar de inmediato un pago por 4.900 millones de pesos, condicionado al pago de la "coima". Tras la negativa rotunda de la IPS, comenzaron las represalias sistemáticas.
Represalias y consecuencias graves
Según el comunicado oficial, luego de un derecho de petición enviado el 26 de diciembre, Famisanar solo habría programado pagos parciales muy inferiores a la deuda total, que al 22 de diciembre superaría los 14.000 millones de pesos. Esta situación obligó a Rohi IPS a endeudarse significativamente para cumplir con nóminas y obligaciones contractuales, sin interrumpir la atención a más de 3.000 usuarios y cerca de 2.000 colaboradores directos.
En enero de 2026, la IPS denuncia que hubo un nuevo episodio en los casos de presiones registradas: presuntos intentos de una empresa competidora, Health and Life IPS, por captar su personal calificado y recibir a sus pacientes asignados. Días después, el gerente zonal de Famisanar, Alfredo Bernal Cañón, habría confirmado telefónicamente que la decisión era retirar a Rohi IPS de la operación, señalando que no era la primera IPS que denunciaba situaciones similares durante el periodo de intervención.
Ultimátum y deuda acumulada
El 20 de enero, Famisanar notificó oficialmente la entrega de más de 3.000 pacientes crónicos a otra IPS a partir del 1 de febrero de 2026. Rohi IPS asegura que, tras acatar la instrucción, recibió evidencias de familiares que advertían fallas graves en la atención de los pacientes trasladados, muchos de ellos población con discapacidad permanente. La empresa también sostiene que se vulneró el principio de libre escogencia establecido en el Decreto 441 de 2022.
Finalmente, el 9 de febrero, en una reunión con varios funcionarios de la EPS, Rohi IPS afirma haber recibido un ultimátum contundente: firmar la terminación del contrato por mutuo acuerdo o enfrentar la suspensión definitiva de todos los pagos pendientes. A esa fecha crítica, según la denuncia detallada, la deuda acumulada superaría los 17.000 millones de pesos, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución.
Denuncias formales y llamado a la acción
Ante estos hechos graves, Rohi IPS anunció que presentó denuncias formales ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y otras instancias de control competentes. La institución puso a disposición de las autoridades pruebas documentales contundentes, correos electrónicos, conversaciones de chat y grabaciones que respaldan sus afirmaciones.
"Nuestros principios no son negociables", concluye el comunicado oficial, en el que la empresa hace un llamado urgente a otras IPS afectadas y a los pacientes del sistema de salud a denunciar cualquier irregularidad y defender sus derechos constitucionales. La situación ha generado alerta en el sector salud por las posibles implicaciones sistémicas de estas prácticas denunciadas.
