La crisis de salud bajo el gobierno Petro: miles de muertes y un sistema colapsado
En el ámbito del derecho internacional, el término "genocidio" posee una definición jurídica precisa que requiere la concurrencia de dos elementos fundamentales: la existencia de un "grupo protegido" y la comisión de actos prohibidos con la intención específica de destruir dicho grupo. Sin embargo, más allá de las precisiones terminológicas, lo que se evidencia en Colombia es una grave crisis humanitaria en el sistema de salud con consecuencias devastadoras.
La estrategia política detrás del desmantelamiento de las EPS
La administración del presidente Gustavo Petro tomó la decisión expresa de "derrumbar" las Empresas Promotoras de Salud (EPS), implementando una estrategia de asfixia financiera que ha generado efectos catastróficos. Esta intervención gubernamental, lejos de ser una mera reestructuración administrativa, ha desencadenado lo que algunos analistas denominan "consecuencias preterintencionales": resultados más graves que los inicialmente buscados, pero derivados directamente de las acciones emprendidas.
Mientras el Pacto Histórico y sectores afines montaban campañas de denuncia basadas en cifras controvertidas sobre falsos positivos, una tragedia silenciosa se desarrollaba en el sistema de salud colombiano. La magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había identificado y verificado rigurosamente 1.934 víctimas en noviembre de 2024, una cifra que palidece ante las muertes atribuidas a la intervención gubernamental en el sector salud.
Las cifras que revelan una emergencia sanitaria
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) ha documentado con preocupación el aumento dramático en las muertes por fallas en la atención médica. Según sus registros, en 2025 fallecieron 2.436 personas por esta causa, mientras que los sistemas oficiales del Sispro reportaban 2.033 muertes hasta el 28 de noviembre del mismo año.
Diego Gil, representante de Fecoer, proporcionó un contexto histórico alarmante: "En 2020 y 2022 los fallecimientos oscilaron entre 1.541 y 1.909 casos anuales, pero para 2024 la cifra escaló a 2.268 muertes". Este incremento sostenido coincide temporalmente con las políticas implementadas por el gobierno Petro, particularmente la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que fue señalada por la Corte Constitucional.
La respuesta institucional: lentitud y desatención
Lo más preocupante es que esta crisis era previsible y había sido advertida repetidamente. En octubre de 2023, análisis especializados como "El colapso de la salud" alertaban sobre la desfinanciación y el manejo cuestionable de los interventores designados en las EPS.
En junio de 2024, mediante el recurso "Corte Salve la Salud", se solicitó a la Corte Constitucional que ordenara el recálculo urgente de la UPC. La respuesta judicial tardó hasta enero de 2025, y según denuncias, el ministro del sector se burló de dicha determinación. Para septiembre de 2024, el caso "Nos Están Matando" documentaba la muerte de "Juan Manuel" por falta de medicamentos, ilustrando cómo la insuficiencia de la UPC causaría miles de muertes evitables.
Las víctimas silenciosas de un sistema en crisis
Hoy, con retraso, la sociedad colombiana comienza a dimensionar la magnitud de la tragedia: miles de personas han fallecido silenciosamente sin que sus familias pudieran hacer frente a la escasez de medicamentos esenciales, la atención tardía de diagnósticos de cáncer o la interrupción en el tratamiento de enfermedades crónicas.
La combinación de las denuncias de Fecoer, la decisión política de acabar con las EPS mediante el eslogan "Chu chu chu", la creación artificial de una crisis y la desfinanciación de la UPC constituyen un hecho jurídico de graves consecuencias que demanda responsabilidades directas. Desde los interventores de las EPS y los superintendentes de salud, hasta el ministro y el propio presidente, deben responder por estas decisiones.
En una sociedad civilizada, una crisis de esta magnitud habría provocado un colapso gubernamental. En Colombia, sin embargo, se digiere en medio de la radicalización y el enfrentamiento político, mientras las víctimas reales siguen siendo los pacientes abandonados por un sistema de salud que debía protegerlos.
