Gobierno prepara decreto para redistribución masiva de pacientes en sistema de salud
El Gobierno nacional se encuentra elaborando un borrador de decreto que modificaría sustancialmente el esquema de afiliación a las Entidades Promotoras de Salud en Colombia, permitiendo el traslado de más de seis millones de usuarios entre diferentes aseguradoras. Esta medida, que priorizaría criterios territoriales y umbrales mínimos de afiliados para autorizar la operación en municipios, genera preocupación entre entes de control debido a las alertas financieras y operativas existentes.
Reasignación automática y concentración en Nueva EPS
Según el documento preliminar analizado, más de 3,1 millones de afiliados serían asignados específicamente a Nueva EPS, mientras que 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.492 al Servicio Occidental de Salud. El Ministerio de Salud asumiría directamente la reasignación automática de usuarios en aquellos casos donde se produzca exclusión territorial por parte de las aseguradoras.
El decreto establecería que una EPS con menos del 3% de afiliados en un municipio podría salir de la operación local, obligando al traslado masivo de sus usuarios hacia otra entidad aseguradora que se encuentre habilitada. En municipios con baja densidad poblacional, este modelo permitiría la presencia de una sola entidad aseguradora, reduciendo significativamente las opciones para los ciudadanos.
Capacidad operativa y riesgos del traslado masivo
El diseño propuesto concentra la mayoría de afiliados precisamente en Nueva EPS, entidad que actualmente enfrenta limitaciones operativas y financieras severas. El esquema obligaría a las aseguradoras habilitadas a aceptar nuevos usuarios, incluso cuando presenten crisis estructurales profundas, sin que existan mecanismos adicionales de fortalecimiento institucional o financiero que garanticen la continuidad de la atención.
Casos recientes evidencian los impactos dramáticos del funcionamiento limitado del sistema. El 13 de febrero falleció Kevin Acosta, un menor con hemofilia A severa, después de sufrir retrasos críticos en las autorizaciones de traslado y entrega de medicamentos esenciales. Expertos médicos señalaron que la interrupción del tratamiento no era clínicamente viable bajo ningún concepto.
El sector farmacéutico ha alertado sobre una posible emergencia humanitaria dentro de la entidad. La Asociación de Distribuidores Farmacéuticos advirtió sobre un deterioro acelerado en la prestación de servicios y riesgos inminentes para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, asociadas directamente a fallas recurrentes en el suministro de medicamentos y procedimientos médicos especializados.
Crisis financiera y alertas institucionales
La Contraloría General de la República reportó que la deuda de Nueva EPS creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de $5,42 billones a la alarmante cifra de $21,37 billones. El patrimonio de la entidad pasó de un saldo positivo de $485.209 millones a un déficit de $6,25 billones en el mismo periodo, mostrando un deterioro financiero sin precedentes.
El ente de control calificó esta situación como "inviabilidad estructural" y advirtió explícitamente que la aseguradora no cumple con las condiciones financieras mínimas para garantizar su operación continua. La Procuraduría General señaló que el decreto en preparación no resolvería la crisis estructural del sistema de salud y destacó la fragilidad fiscal que afecta a múltiples EPS en el país.
La Defensoría del Pueblo informó que más de 120.000 tutelas contra Nueva EPS permanecían sin revisar adecuadamente, dentro de un total superior a 500.000 acciones judiciales pendientes. Las quejas ciudadanas se concentran principalmente en:
- Falta crónica de medicamentos esenciales
- Suspensión injustificada de tratamientos médicos
- Problemas con patologías crónicas, cáncer y VIH
- Dificultades con hipertensión y enfermedades huérfanas
Esta redistribución masiva de pacientes se plantea en un contexto donde los entes de control han emitido alertas repetidas sobre la capacidad del sistema para garantizar atención médica de calidad, especialmente para poblaciones vulnerables con condiciones de salud complejas que requieren continuidad en sus tratamientos.
