Más de 6 millones de afiliados enfrentan traslados obligatorios por reforma al aseguramiento en salud
Un proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Salud, actualmente en consulta pública, busca modificar sustancialmente las reglas de asignación de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con un enfoque territorial y poblacional. Esta medida regulatoria podría implicar traslados obligatorios para millones de colombianos dentro del sistema de salud, generando preocupación entre las asociaciones de usuarios.
Redefinición del mecanismo de asignación de afiliados
El borrador de la norma propone adicionar un nuevo capítulo al Decreto 780 de 2016, conocido como el Decreto Único Reglamentario de Salud, con el objetivo declarado de garantizar equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud. Según el texto oficial, la medida establecería un mecanismo de asignación excepcional y obligatorio que se activaría cuando una EPS se retire voluntariamente del mercado, sea liquidada o quede bajo intervención administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
El articulado indica claramente que la asignación se realizaría únicamente a EPS habilitadas y sin medidas administrativas vigentes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de capital mínimo y patrimonio adecuado. Además, establece explícitamente que ninguna EPS podrá negarse a recibir los afiliados asignados dentro de este proceso excepcional.
El proyecto también introduce el concepto innovador de base poblacional mínima, como criterio técnico para asegurar la capacidad operativa, la suficiencia de la red de prestación de servicios y la sostenibilidad financiera de las entidades receptoras. Este proceso contaría con la participación coordinada del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Preocupaciones sobre traslados masivos y vulneración de derechos
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud ha emitido un pronunciamiento institucional expresando serias preocupaciones sobre los posibles efectos derivados de la aplicación del decreto. Según sus cálculos, el traslado masivo de afiliados afectaría directamente a 6.606.371 usuarios del sistema de salud colombiano, una cifra que representa una porción significativa de la población asegurada.
La distribución proyectada por la Mesa indica que 3.198.875 personas serían asignadas a Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.429 a S.O.S, entre otras entidades. La organización subrayó con preocupación que varias de las EPS receptoras se encuentran actualmente intervenidas, lo que, a su juicio, incrementaría sustancialmente el riesgo de congestión y deterioro en la atención médica para millones de colombianos.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la Mesa es la posible vulneración del derecho a la libre escogencia, al tratarse de asignaciones obligatorias sin posibilidad de decisión por parte de los afiliados afectados. En este contexto, la organización recordó que tanto la Contraloría General de la República como el propio Gobierno han reconocido previamente que las EPS intervenidas no han logrado superar fallas estructurales en oportunidad, calidad y dignidad en la prestación de los servicios de salud.
Riesgos para pacientes con condiciones especiales y presión financiera
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios también alertó sobre el riesgo significativo de interrupción de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, raras o que requieren especial cuidado médico. Estos usuarios, que dependen de continuidad en su atención, enfrentarían incertidumbre y posibles barreras en medio de procesos de traslado masivo entre entidades aseguradoras.
Además, la organización advirtió sobre una mayor presión financiera para el sistema de salud en su conjunto. Según su análisis, la carga adicional sobre aseguradoras sin capacidades sólidas podría traducirse en mayores barreras de acceso a servicios médicos y en un aumento preocupante del gasto de bolsillo por parte de los usuarios, quienes ya enfrentan dificultades económicas en muchos casos.
El proyecto de decreto se encuentra actualmente en etapa de consulta pública, lo que permite a diferentes actores del sistema de salud presentar observaciones y sugerencias antes de su posible implementación. Sin embargo, la magnitud de los cambios propuestos y el número de personas potencialmente afectadas han generado un debate intenso sobre el futuro del aseguramiento en salud en Colombia.
