Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2026, la Oficina de Salud de la Personería Distrital de Barranquilla documentó 4.514 intervenciones relacionadas con dificultades en el acceso a los servicios de salud, según su más reciente informe institucional. Este volumen de casos revela una problemática estructural que afecta a miles de ciudadanos.
Cifras que alarman
Del total de atenciones, 2.683 corresponden a actuaciones administrativas y jurídicas ante Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otras instituciones, mientras que 1.831 fueron atenciones presenciales mediante el sistema de digiturno. Estas cifras evidencian un flujo constante de usuarios que no logran resolver sus solicitudes a través de los canales ordinarios y requieren la intermediación de la Personería para acceder a servicios que ya están contemplados en su cobertura médica.
Reclamos en servicios esenciales
Los principales motivos de queja incluyen la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos, la asignación de citas médicas, el transporte de pacientes y la provisión de cuidadores o servicios de enfermería. La reiteración de estos reclamos sugiere fallas en la oportunidad y continuidad de la prestación, especialmente en componentes básicos de la atención.
Cuando las gestiones administrativas no son suficientes, los casos escalan a la vía judicial. En el periodo analizado, la Personería promovió 757 acciones de tutela, 458 incidentes de desacato y 13 impugnaciones, sumando 1.228 actuaciones judiciales. Este volumen refleja una dependencia recurrente de mecanismos constitucionales para garantizar el acceso a la salud.
Nueva EPS, el principal foco de quejas
El informe identifica diferencias significativas entre las entidades. Nueva EPS registra 904 casos, posicionándose como la entidad con mayor número de gestiones ante la Personería. Le siguen Mutual Ser con 267, Salud Total con 258, Sanitas con 207 y Sura con 179 casos.
En el componente judicial, la concentración es aún más marcada: de las 757 tutelas interpuestas, 513 están relacionadas con Nueva EPS, principalmente por demoras o incumplimientos en la entrega de medicamentos. Además, se registraron más de 40 órdenes de arresto contra representantes legales de Nueva EPS por desacato a fallos judiciales.
Factores estructurales identificados
La Personería activó 256 reacciones inmediatas en casos considerados urgentes. Estas intervenciones están asociadas principalmente a la falta de convenios vigentes entre EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y a la sobredemanda de servicios frente a la capacidad disponible, lo que genera retrasos en la atención y afecta la continuidad de los tratamientos.
El documento señala varios elementos que inciden en las dificultades de acceso: la desarticulación entre aseguradores y prestadores, la ausencia de contratos vigentes, la saturación de la red de servicios y las barreras administrativas persistentes. Estos factores operan de manera simultánea y se reflejan en demoras, negaciones o fragmentación en la prestación de los servicios.
Un flujo constante hacia instancias de control
La intervención de la Personería se ubica en tres niveles: orientación al usuario, gestión ante entidades y acción judicial. Las 4.514 atenciones en menos de cinco meses constituyen un registro cuantificable de la magnitud del problema. Aunque el informe no proyecta escenarios futuros, los datos permiten identificar una dinámica en la que una parte significativa de las solicitudes de servicios termina trasladándose a instancias de control y, en muchos casos, a escenarios judiciales.
