La Clínica Juan N. Corpas emitió un comunicado esta semana para aclarar que la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud no ordena el cierre ni la suspensión de sus servicios, luego de que el ente de control impusiera medidas correctivas por presuntas fallas que pondrían en riesgo a los pacientes.
Medidas correctivas, no cierre
Según la clínica, la Resolución No. 2026410010005133-6 de 2026 es una actuación administrativa que busca implementar acciones correctivas y preventivas para fortalecer la operación institucional. “La actuación administrativa impartida corresponde a la adopción de medidas correctivas y preventivas orientadas al fortalecimiento institucional, mediante la implementación de un plan de trabajo encaminado a garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, la seguridad del paciente y la continuidad en la atención”, señaló la institución en un comunicado firmado por el gerente general, Juan Carlos Vera, y la directora jurídica, Ángela Esparza Roa.
Medidas impuestas por Supersalud
La Superintendencia ordenó a la clínica actualizar el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), implementar controles sobre medicamentos y dispositivos médicos, adoptar prácticas de seguridad del paciente y ejecutar cirugías y consultas represadas. También exige presentar un plan de pagos para salarios, seguridad social y honorarios atrasados, en medio de la crisis financiera que enfrenta la institución.
Clínica asegura operación normal
En su respuesta, la Clínica Juan N. Corpas insistió en que mantiene habilitada toda su operación asistencial y administrativa, y que la atención se presta “de manera normal y permanente”. Además, cuestionó publicaciones e imágenes que mostraban funcionarios de la Supersalud instalando sellos, afirmando que no corresponden a hechos ocurridos en sus instalaciones.
Crisis financiera y deudas
La clínica ha reconocido una crisis derivada de millonarias deudas de EPS y entidades del sistema de salud. La semana pasada, directivos informaron que solo 4 de las 16 camas de UCI estaban habilitadas debido a la renuncia de especialistas por retrasos salariales. El déficit financiero asciende a unos 35 mil millones de pesos, relacionado con cuentas pendientes de pago de varias EPS y la Adres. Sin embargo, Famisanar y la Adres cuestionaron las cifras, señalando inconsistencias y facturación en revisión.
