El Tercer Foro Farmacéutico Latinoamericano, celebrado en Bogotá, puso de manifiesto una preocupación clave para el sistema de salud colombiano: la elevada dependencia de medicamentos importados. En la actualidad, más del 70 % de los fármacos consumidos en el país provienen del exterior, lo que incrementa la vulnerabilidad ante crisis internacionales y decisiones políticas foráneas.
Riesgos de la dependencia externa
Durante el encuentro, representantes de la industria farmacéutica y del Gobierno advirtieron que esta situación no solo afecta el acceso oportuno a los tratamientos, sino que también limita la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias o tensiones comerciales. Un ejemplo reciente es el caso de Ecuador, que depende en cerca de un 60 % de los medicamentos colombianos y ha visto alterado ese flujo por decisiones arancelarias, demostrando cómo factores políticos pueden desestabilizar el abastecimiento regional.
Llamado a fortalecer la industria local
En este contexto, la directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), Olga Lucía Cadena, destacó la necesidad de robustecer la industria farmacéutica nacional como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. “La industria nacional no solo favorece la competencia, sino que sostiene el mercado”, afirmó Cadena, quien subrayó la importancia de avanzar en investigación, estudios clínicos, producción de medicamentos biológicos y desarrollo de infraestructura.
Para Cadena, el reto va más allá de cubrir necesidades básicas; se trata de consolidar una industria sólida que permita reducir la dependencia externa. Esto requiere una articulación efectiva entre el Gobierno y el sector productivo, así como la implementación de políticas farmacéuticas que impulsen la innovación y la producción local.
Gobierno apuesta por la soberanía sanitaria
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, coincidió en la necesidad de avanzar hacia la “soberanía sanitaria”, entendida como la capacidad del país para garantizar el acceso a medicamentos y servicios de salud sin depender de actores externos. “El interés no es marchitar el sistema de salud, sino corregir sus problemas estructurales”, aseguró Jaramillo, quien defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo como herramienta para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos.
Jaramillo señaló que para 2026 el gasto en salud alcanzará los 25 billones de pesos y que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha estado por encima de la inflación. No obstante, enfatizó que los problemas del sistema no radican en la falta de recursos, sino en su gestión.
Críticas al modelo de EPS y avances en política farmacéutica
En su intervención en el foro, el ministro criticó el modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al señalar que desde 2020 se ha evidenciado una crisis sostenida. Entre 2021 y 2024 se identificaron 14,28 billones de pesos sin claridad sobre su uso, además de prácticas irregulares como cobros por servicios a personas fallecidas y sobrecostos en la facturación. “La deuda de las EPS no intervenidas ha aumentado de manera significativa; solo en el último año creció más de un 100 %”, indicó. Por ello, explicó que la reforma busca que estas entidades dejen de manejar directamente los recursos públicos y pasen a ser gestoras del sistema.
Más allá del debate estructural, el Gobierno destacó avances en política farmacéutica, incluyendo inversiones en redes hospitalarias y el impulso a la producción de medicamentos. Sin embargo, Colombia necesita fortalecer su capacidad productiva en el sector farmacéutico para reducir riesgos y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos.
En un entorno global cada vez más incierto, depender de otros países para el abastecimiento de medicamentos no es solo un asunto económico, sino un desafío directo para la salud pública.
