Menor de edad enfrenta cargos por ataque terrorista del ELN en Norte de Santander
La Fiscalía General de la Nación ha presentado ante un juez con funciones de control de garantías a un menor de 17 años por su presunta participación en el atentado terrorista perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Batallón de Infantería General Santander en Ocaña, Norte de Santander. Este violento episodio, ocurrido el pasado 7 de febrero, dejó como saldo varios militares heridos y ha generado una profunda conmoción en la región.
Los detalles de la acusación fiscal
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el adolescente habría cumplido un papel crucial en la ejecución del ataque. Los elementos materiales probatorios indican que el joven, montado en una motocicleta, se ubicó estratégicamente cerca del lugar de los hechos. Su objetivo presunto era facilitar la huida del individuo que estacionó una volqueta cargada con artefactos explosivos artesanales, conocidos como tatucos, frente a la sede militar sobre la vía Ocaña-Cúcuta.
La Fiscalía ha detallado que el menor habría estado esperando en la motocicleta al hombre que activó los explosivos, proporcionándole así una vía de escape inmediata tras el atentado. Esta modalidad operativa refleja la sofisticación y coordinación que caracterizan las acciones del ELN en la zona del Catatumbo y áreas aledañas.
Contexto de violencia en Norte de Santander
Este caso se enmarca dentro de un escenario de creciente violencia en el departamento de Norte de Santander, donde el ELN ha intensificado sus acciones contra la Fuerza Pública y la infraestructura estatal. Recientemente, se han registrado:
- Ataques con explosivos contra puestos militares y policiales.
- Emboscadas a patrullas del Ejército Nacional.
- Acciones de hostigamiento contra municipios como El Carmen, donde se decretó toque de queda y ley seca.
El Ejército, por su parte, ha respondido con operaciones ofensivas en el Catatumbo, logrando la destrucción de más de 40 artefactos explosivos y neutralizando a varios integrantes de este grupo armado ilegal. Sin embargo, la persistencia de estos hechos evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la región.
Implicaciones legales y sociales
La judicialización de un menor de edad por su vinculación con actos terroristas plantea serias preocupaciones sobre el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos armados. Este fenómeno no solo viola los derechos fundamentales de los jóvenes, sino que también perpetúa ciclos de violencia en comunidades ya vulnerables.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la investigación exhaustiva de este y otros casos relacionados, buscando desarticular las redes del ELN en Norte de Santander. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para fortalecer el proceso judicial contra el menor y otros posibles implicados.
Mientras tanto, la población de Ocaña y municipios cercanos permanece en alerta constante, ante la posibilidad de nuevos ataques. La defensa de los derechos humanos y la protección de la ciudadanía se mantienen como prioridades en la agenda de las instituciones del Estado.
