Bogotá analiza modificaciones al protocolo que regula las manifestaciones públicas
La Alcaldía de Bogotá ha iniciado una revisión exhaustiva del protocolo que regula las protestas en la ciudad, un documento poco conocido pero fundamental que busca mediar en las manifestaciones que frecuentemente derivan en bloqueos y afectaciones significativas a la movilidad urbana. Esta norma, actualmente contenida en el Decreto Distrital 642 de 2025 (que incorpora el anterior Decreto 053 de 2023), está siendo examinada bajo un enfoque de derechos humanos que pretende equilibrar garantías constitucionales.
Origen de la revisión y cuestionamientos políticos
El proceso de evaluación se conoció oficialmente tras la respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Heidy Sánchez Barreto del Pacto Histórico, quien consultó específicamente si el Distrito planeaba modificar el protocolo y si dicho proceso incluiría espacios de diálogo con organizaciones de víctimas y de derechos humanos. En su respuesta, las autoridades distritales explicaron que el análisis surge como consecuencia de recientes jornadas de protesta que han generado tensiones entre distintos derechos ciudadanos, particularmente afectando el sistema Transmilenio y las vías principales de la capital.
Según explicaron la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Dirección de Derechos Humanos, la intención no es eliminar el derecho a la protesta, sino revisar cómo se está aplicando el protocolo actual y determinar si se requieren ajustes que permitan garantizar tanto la manifestación pacífica como el normal funcionamiento de la ciudad. La administración distrital ha enfatizado que este proceso se desarrolla con perspectiva de derechos humanos, aunque desde diversos sectores políticos y sociales han surgido preocupaciones ante la posibilidad de que la revisión termine en un endurecimiento de la gestión de los bloqueos.
El delicado equilibrio entre derechos en conflicto
El núcleo del debate se centra en una pregunta fundamental: ¿cómo se protege el derecho a la protesta sin paralizar la ciudad? Esta es precisamente la línea que el Distrito Capital intenta redefinir mediante el análisis del protocolo existente. Las afectaciones a la movilidad, especialmente en el sistema masivo de transporte Transmilenio, han sido recurrentes durante manifestaciones recientes, generando inconvenientes para cientos de miles de bogotanos que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios.
Por el momento, no se han anunciado cambios concretos ni fechas específicas para una eventual modificación del decreto. El Distrito ha asegurado que el proceso continúa en fase de evaluación interna, sin plazos definidos para su conclusión. Mientras tanto, las normas actuales mantienen su vigencia, aunque la administración reconoce la necesidad de encontrar mecanismos más efectivos para manejar situaciones que ponen en tensión derechos igualmente valiosos.
La revisión del protocolo representa un esfuerzo institucional por armonizar garantías ciudadanas que en ocasiones entran en conflicto durante las manifestaciones públicas. El desafío consiste en preservar el derecho constitucional a la protesta mientras se minimizan las afectaciones al derecho a la movilidad y al normal desarrollo de las actividades urbanas, particularmente en una ciudad de las dimensiones y complejidad de Bogotá.
