La administración distrital de Bogotá reporta una significativa disminución del hacinamiento en los centros de detención transitoria (CDT) de la ciudad. Según la Secretaría de Seguridad, el indicador pasó del 172 % en agosto de 2025 al 45,8 % en abril de 2026. La meta es alcanzar el 0 % al finalizar el año. Sin embargo, el proyecto de la nueva Cárcel Distrital II, que debía ser la solución estructural, aún no arranca y permanece en etapa de reorganización técnica y financiera.
Estrategias para reducir el hacinamiento
La reducción se logró mediante una estrategia articulada entre el Distrito, la Rama Judicial y la Policía Metropolitana. Una de las principales herramientas fue la depuración de información de los detenidos, que incluyó un conteo físico celda por celda en los 20 CDT entre marzo y abril de 2026. Se revisaron 1.880 carpetas y se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect, una aplicación desarrollada por el Consejo Superior de la Judicatura, la Secretaría de Seguridad y la Universidad Libre.
PPL Connect: una app clave
PPL Connect centraliza información en tiempo real sobre cada persona privada de la libertad: tiempo de detención, estado del proceso y etapa judicial. Esto permite a jueces y autoridades agilizar decisiones y ordenar traslados a cárceles nacionales cuando hay condenas firmes. La Secretaría asegura que la app optimiza la gestión y mejora la calidad de los datos.
Hallazgos críticos durante la depuración
Durante el proceso se encontraron casos extremos, como el de una persona en la estación de Los Mártires con 2.071 días de detención, más de cinco años y medio en un lugar donde la permanencia no debería superar las 36 horas. Esto evidencia que las estaciones funcionaron como cárceles improvisadas ante el colapso del sistema penitenciario. La Secretaría concluyó que el problema de hacinamiento no es solo de capacidad física, sino de eficiencia judicial.
Más despachos judiciales y brigadas jurídicas
Para acelerar la descongestión, el Consejo Superior de la Judicatura creó cinco nuevos despachos judiciales: tres juzgados penales municipales y dos del circuito. El magistrado Jorge Enrique Vallejo explicó que se busca agilizar las decisiones judiciales antes de diciembre de 2026. Además, el Distrito implementó brigadas jurídicas semanales con la Universidad Libre, unidades móviles de justicia y un modelo de atención en salud extramural. A febrero de 2026, se habían caracterizado 2.771 personas y realizado más de 600 atenciones individuales.
Alimentación y traslados
Desde agosto de 2025, el Distrito asumió la alimentación de los detenidos en estaciones y URI, con un costo proyectado superior a 170.000 millones de pesos hasta 2028. En 2025 se trasladaron 4.925 personas a establecimientos nacionales, y en 2026 ya van 1.147. El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que la seguridad es un proceso permanente y que se deben garantizar condiciones dignas incluso para quienes cometen delitos.
La nueva Cárcel Distrital II: sin avances
El proyecto de la nueva cárcel, que aportaría 2.000 cupos, aún no inicia estudios y diseños. La Secretaría de Seguridad trabaja en la definición de especificaciones técnicas bajo metodología BIM, pero la contratación está en revisión interna sin fechas concretas para obras. Un contrato previo con RenoBo por 5.196 millones de pesos fue terminado de mutuo acuerdo en agosto de 2025 tras solicitudes de adición presupuestal consideradas inviables. La administración reconoce que el proyecto sigue vigente pero condicionado a ajustes técnicos y financieros.
Perspectivas a futuro
Mientras la nueva cárcel no avanza, Bogotá mantiene una estrategia paralela basada en tecnología, más jueces, brigadas jurídicas y traslados. La reducción del hacinamiento es un alivio, pero persisten dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia sin nueva infraestructura. Las estaciones de Policía siguen siendo espacios de reclusión prolongada, y la administración espera que las herramientas actuales permitan seguir reduciendo el indicador mientras se destraba el proyecto carcelario.
