Una protesta de padres de familia el martes 28 de abril en la Institución Educativa Técnica San Pablo de Polonuevo, Atlántico, puso en evidencia las precarias condiciones sanitarias en algunas sedes educativas oficiales del departamento. La movilización, que incluyó el bloqueo temporal del acceso al plantel, se originó por la presencia de nidos, crías y excremento de murciélagos al interior de varias aulas, una situación que la comunidad educativa denunciaba desde hacía meses sin obtener una solución definitiva.
Riesgos para la salud y suspensión de actividades
Los padres advirtieron sobre posibles riesgos para la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, señalando que varios alumnos presentaron cuadros respiratorios, reacciones alérgicas y afecciones cutáneas asociadas a la exposición prolongada al guano de estos mamíferos. La protesta obligó a la suspensión parcial de las actividades académicas y aceleró la respuesta institucional.
Antecedentes del problema
La presencia de murciélagos en el plantel no es un hecho reciente. Una revisión de los registros de contratación pública realizada por EL TIEMPO evidenció que en septiembre de 2024 la institución adelantó un proceso contractual en SECOP II para el suministro de protectores antimurciélagos en las aulas, por un valor cercano a los 20 millones de pesos. Este antecedente muestra que el problema ya había sido identificado desde hace al menos año y medio, aunque las soluciones implementadas no lograron erradicar la presencia de los animales ni evitar su reaparición en zonas de uso académico.
En una circular emitida el 28 de abril de 2026, la Rectoría de la Institución Educativa Técnica San Pablo indicó que desde 2024 se han adelantado acciones como el sellamiento de espacios y la instalación de mallas, aunque admitió que estas medidas no eliminaron completamente el problema en algunas aulas. El documento señala que la atención definitiva requiere la intervención de una empresa especializada debido a las implicaciones ambientales y sanitarias, y que la institución había iniciado gestiones para ese fin, junto con labores de limpieza y evaluación de cierres parciales de los espacios afectados.
Cruce de versiones tras la protesta
Tras la protesta, surgió un cruce de versiones entre padres, directivas del colegio y la administración municipal. Mientras los manifestantes insistían en que el problema representaba un riesgo sanitario generalizado, la Alcaldía de Polonuevo sostuvo que la afectación estaba concentrada en un número limitado de aulas, particularmente una identificada como la 903, y que el resto de la institución estaría en condiciones de operar. El alcalde Óscar Avilez manifestó que el Municipio estaba dispuesto a ofrecer espacios alternos, como otras instalaciones municipales, para desarrollar clases de manera temporal mientras se evaluaba la situación. No obstante, la decisión final sobre la continuidad de actividades quedó en manos de la comunidad educativa.
Intervención especializada y diagnóstico técnico
Ante el escenario de protesta, la Alcaldía contrató de manera directa a la empresa especializada Sanitek, con sede en Barranquilla, para atender la contingencia. Tony de la Hoz, vocero de la administración municipal, explicó que el enfoque sería técnico y ambiental, descartando cualquier método que implicara la eliminación indiscriminada de los animales, ya que se trata de una especie protegida y cualquier intervención debe cumplir protocolos especializados.
El jueves 30 de abril, la Alcaldía informó el inicio formal del plan de saneamiento con el ingreso del equipo técnico de Sanitek a la sede principal de la institución. La jornada consistió en un diagnóstico detallado para identificar puntos de anidamiento, determinar rutas de ingreso de los murciélagos, evaluar condiciones estructurales y definir las acciones necesarias para una posterior erradicación controlada. En la inspección participaron funcionarios municipales, representantes de la Secretaría de Educación del Atlántico, personal técnico, padres de familia y delegados de control ciudadano.
El profesional ambiental John Jairo González explicó que el diagnóstico permitirá definir el tipo de intervención viable, el tiempo necesario y los recursos requeridos para reducir el riesgo sanitario sin afectar el equilibrio ambiental. Mientras tanto, los padres de familia insisten en que cualquier retorno pleno a las aulas debe estar precedido de garantías sanitarias verificables y una evaluación médica que determine si hubo afectaciones por la exposición prolongada.
La intervención en curso desactivó la protesta, pero no el debate de fondo: prevenir riesgos a la salud en espacios escolares, asegurar mantenimiento efectivo y evitar que situaciones conocidas escalen nuevamente hasta el conflicto social. Por ahora, la situación se mantiene en fase de diagnóstico, bajo la mirada atenta de padres, autoridades y organismos de control.
