La Gobernación del Atlántico, en acción conjunta con la Policía y la empresa operadora Aqualia, ha intensificado la ofensiva para desmantelar redes de robo de agua que afectan la estabilidad del servicio en el sur del departamento. Durante las inspecciones más recientes en la zona rural del municipio de Manatí, las autoridades detectaron 33 conexiones ilegales dentro de fincas privadas, cuyos propietarios ya han sido identificados para su judicialización.
Conexiones ilegales y su impacto en el suministro
Estas conexiones irregulares, utilizadas generalmente para actividades agroindustriales o riego no autorizado, generan una caída en la presión de las redes, impidiendo que el agua llegue con normalidad a los hogares de los cascos urbanos y corregimientos. El volumen de agua desviado asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos por día, según la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento.
Pérdidas millonarias y desabastecimiento
La titular de esta cartera, Lady Ospina, explicó que el robo constante al sistema no solo pone en riesgo el abastecimiento, sino que representa pérdidas económicas estimadas en 2.000 millones de pesos. Más allá del impacto financiero, la consecuencia más grave es la afectación a más de 40.000 habitantes en todo el territorio atlanticense. "Estas conexiones ilegales deterioran la presión del servicio, comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias", advirtió Ospina. La infraestructura, diseñada para el consumo humano, sufre un deterioro acelerado al ser sometida a demandas de caudal para las que no fue proyectada, provocando daños técnicos que terminan pagando los usuarios legales a través de la inestabilidad del servicio.
Operativos en todo el departamento
La estrategia de control no se detendrá en Manatí. El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó que se están desplegando operativos similares en municipios como Polonuevo, Sabanagrande y Luruaco. En estas localidades, equipos técnicos de Aqualia y unidades de la Policía realizan verificaciones de redes y seguimientos a tuberías matrices donde se sospecha de la existencia de "bypass" o derivaciones fraudulentas. "Este tipo de prácticas no solo es un delito, sino que afecta directamente a miles de familias que dependen del suministro legal", aseguró Luque, enfatizando que la instrucción es mantener una vigilancia permanente sobre las redes principales. Las autoridades ya adelantan los procesos de identificación de otros predios que estarían incurriendo en la defraudación de fluidos, tipificada en el Código Penal colombiano.
Llamado a la denuncia
"El compromiso de la administración departamental es cerrar el paso a quienes priorizan intereses particulares sobre un bien público esencial", dijo Luque. El funcionario advirtió que, además de las sanciones económicas y el corte inmediato de las líneas ilegales, los responsables enfrentarán procesos penales que podrían derivar en medidas de aseguramiento. El hurto de agua es visto hoy por la institucionalidad como una amenaza a la seguridad sanitaria del departamento. La Gobernación del Atlántico reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha de conexiones irregulares bajo absoluta reserva.
