Justicia restituye tierras de familia campesina víctima de todos los actores armados en Mapiripán
Un halo de esperanza llegó después de dos décadas al hogar de una familia víctima de constantes vejámenes a lo largo del conflicto armado colombiano, en particular en la zona de Mapiripán, municipio del departamento del Meta. Este territorio es tristemente recordado por la masacre de 1997, donde al menos 100 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a alrededor de 45 personas en una disputa territorial por el control de la región.
Falló histórico del Tribunal Superior de Bogotá
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución de más de 2.700 hectáreas de tierra en una vereda de Mapiripán a favor de una familia campesina que fue víctima del conflicto armado y obligada a abandonar sus predios tras años de presiones, amenazas y despojo violento. La decisión reconoce a Fernando Aguilar Plata y Abigaíl Florido, pareja de esposos, como víctimas de abandono forzado, luego de establecer que su salida de los predios “Los Tres Riales” y “Los Caracoles” estuvo directamente relacionada con la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales que intentaron dominar la región.
El Tribunal concluyó que la violencia ejercida en la zona no fue aislada, sino sistemática y perpetua, y que los reclamantes estuvieron sometidos durante años a un contexto de control territorial por parte de actores armados que afectaron gravemente su derecho a la propiedad. El fallo de 111 páginas detalla que inicialmente la familia convivió con la presencia de la guerrilla de las Farc, que operaba en la zona bajo el mando de una comandante conocida como ‘Jaqueline’, quien imponía extorsiones y obligaba a los campesinos a colaborar con el grupo.
El punto de quiebre: intento de reclutamiento forzado
Sin embargo, el punto de quiebre se produjo a finales de los años noventa, cuando ese mismo grupo intentó reclutar a los hijos menores de la familia, lo que llevó a la madre y a los niños a desplazarse forzosamente para evitar su vinculación al conflicto armado. A finales de los noventa y a partir del año 2000, la situación se agravó a máximo nivel con la llegada de estructuras paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que irrumpieron en la región con una estrategia de control violento del territorio.
Según el fallo, estos grupos no solo consolidaron su dominio mediante intimidación, sino que también ejecutaron actos directos de despojo, como el saqueo de los predios y el robo de aproximadamente 200 cabezas de ganado pertenecientes a la familia Aguilar. La presión ejercida por los paramilitares fue, al final de cuentas, determinante para que, en 2004, Fernando Aguilar Plata abandonara definitivamente las tierras, al verse imposibilitado de continuar con la explotación ganadera y ante el riesgo latente contra su vida.
Control posterior por estructuras criminales
El Tribunal también encontró que, tras el abandono, los predios quedaron bajo control de estructuras criminales vinculadas al paramilitarismo, entre ellas redes asociadas a alias ‘Cuchillo’ y al narcotraficante Daniel Barrera, conocido como ‘El Loco Barrera’. De hecho, en el expediente se documenta que emisarios de estos grupos citaron al reclamante y le informaron que ya no tenía control sobre sus tierras, pues estas habían pasado a manos de dichos actores armados a través de intermediarios.
Posteriormente, bajo un ambiente de intimidación, la familia fue obligada a firmar documentos en blanco que facilitaron la transferencia irregular de los predios a terceros, lo que el Tribunal consideró como una forma de despojo mediante coacción. Frente a estos hechos, el Tribunal concluyó que los negocios jurídicos alegados por los opositores no fueron producto de una voluntad libre, sino que estuvieron atravesados por el contexto de violencia y presión armada.
Desestimación de argumentos de buena fe
Por esta razón, el Tribunal desestimó los argumentos de los opositores que alegaban haber actuado de buena fe, al considerar que no lograron demostrar que su adquisición de los predios estuviera exenta de vínculos con el contexto de despojo. En consecuencia, la sentencia ordenó la restitución de los predios a favor de la familia Aguilar Florido y dispuso la cancelación de cualquier registro o acto jurídico que se hubiera realizado sobre los terrenos desde el año 2000.
Este fallo representa un avance significativo en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones como Mapiripán que han sufrido décadas de violencia y despojo sistemático. La restitución de estas tierras no solo devuelve un derecho fundamental a una familia campesina, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la justicia en la construcción de paz en los territorios más afectados por la guerra.
