Indígenas toman control de accesos al Parque Tayrona en protesta histórica
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos ecoturísticos más emblemáticos de Colombia, enfrenta una de sus mayores crisis sociales y territoriales en los últimos años. A pesar del cierre indefinido ordenado por el Gobierno Nacional debido a riesgos de seguridad y amenazas contra el personal ambiental, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han reabierto los accesos al área protegida como parte de una protesta pacífica que busca visibilizar décadas de desatención institucional.
Un acto de resistencia ancestral
Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui Magdalena, confirmó que la reapertura de los accesos responde a un acto de resistencia pacífica frente a lo que describió como una falta de reconocimiento histórico por parte de las autoridades ambientales. Según explicó a medios de comunicación, las comunidades no se sienten reconocidas como autoridades legítimas en su territorio ancestral, lo que ha derivado en afectaciones directas a sus derechos fundamentales, incluidos el derecho al trabajo y a la vida.
Moscote afirmó que quienes dependen económicamente de actividades reguladas dentro del Parque Tayrona han visto cómo sus estructuras productivas han sido desmontadas o restringidas sin tener voz ni participación efectiva en las decisiones que afectan su sustento. El malestar se exacerbó luego de que Parques Nacionales adelantara demoliciones de adecuaciones levantadas por las comunidades para desarrollar actividades de trabajo dentro del área protegida.
Intervenciones sin concertación
Estas intervenciones, según los líderes indígenas, se realizaron sin un proceso de concertación real y en contravía de acuerdos previos establecidos en espacios de diálogo. Las acciones alimentaron la sensación de desconocimiento institucional y llevaron a las comunidades a asumir, de manera autónoma, el control de algunos puntos de ingreso, especialmente en sectores como El Zaino.
La medida de reapertura impulsada por los cabildos indígenas se produjo pocas horas después de que Parques Nacionales expidiera una resolución ordenando el cierre total del área protegida por motivos de orden público. Según el documento oficial, la decisión se tomó tras evaluar una serie de situaciones críticas:
- Amenazas directas contra funcionarios
- Bloqueos en accesos
- Ingresos irregulares de visitantes
- Presencia de actores que ponen en riesgo la seguridad institucional
El Gobierno, con apoyo del Ministerio de Defensa y la autoridad marítima, suspendió además el tránsito de embarcaciones hacia el área como parte del refuerzo de las restricciones.
Exigencias de diálogo y reconocimiento
Al mismo tiempo, las comunidades solicitaron la presencia urgente del director de Parques Nacionales Naturales, así como de la Presidencia y de los entes de control, con el fin de verificar los acuerdos incumplidos y garantizar condiciones de diálogo. La situación continúa en desarrollo mientras el Gobierno insiste en mantener cerrado el parque por motivos de seguridad.
Los pueblos indígenas reiteran que no se retirarán hasta que se reconozca su autoridad territorial y se establezcan mecanismos reales de coadministración que respeten su cosmovisión y supervivencia económica. El conflicto en Tayrona vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre:
- La gobernanza ambiental en áreas protegidas
- La autonomía indígena en territorios ancestrales
- El equilibrio entre conservación, seguridad y derechos ancestrales
Este enfrentamiento evidencia las tensiones acumuladas entre los pueblos originarios y la institucionalidad estatal encargada de administrar uno de los ecosistemas más importantes del país, donde la falta de reconocimiento histórico y la ausencia de participación efectiva han llevado a un punto crítico que requiere soluciones urgentes y concertadas.
