Indígenas Koguis asumen control total del Parque Nacional Tayrona
En un hecho sin precedentes que desafía la autoridad estatal, las comunidades indígenas Kogui han tomado el control absoluto del Parque Nacional Natural Tayrona, administrando directamente los accesos, organizando la operación interna y tomando decisiones sobre el funcionamiento diario de la reserva natural más emblemática del Caribe colombiano. Esta situación se desarrolla mientras Parques Nacionales mantiene oficialmente cerrado el parque por falta de garantías, creando un escenario de dualidad administrativa que mantiene en vilo a la región.
Una toma pacífica con exigencias concretas
Los líderes indígenas insisten en que su presencia no constituye una ocupación ilegal, sino la recuperación legítima de lo que consideran su territorio ancestral. Juan Carlos Gil, vocero delegado de las autoridades indígenas, afirma con contundencia: "Somos la máxima autoridad del Tayrona". La permanencia en el parque, según sus declaraciones, será indefinida hasta que el Gobierno acepte establecer un diálogo formal bajo nuevas condiciones que incluyen participación directa en las decisiones y en los ingresos económicos generados por el turismo.
El conflicto se desató tras la destrucción de una construcción comunitaria dentro del parque, pero las exigencias indígenas trascienden este episodio específico. Los Koguis reclaman una coadministración total que les otorgue voz y voto en todas las decisiones operativas y administrativas, además de una participación económica justa en los beneficios que genera el destino turístico.
Turismo bajo nueva normalidad comunitaria
A pesar del cierre oficial decretado por Parques Nacionales, la actividad turística continúa desarrollándose bajo una nueva normalidad gestionada por las comunidades. Visitantes nacionales y extranjeros siguen ingresando al parque, donde son recibidos por miembros de la comunidad campesina que han asumido las funciones de guardaparques, brindando información y acompañamiento en los recorridos.
En las entradas se ha establecido un sistema de cobro diferenciado:
- 50.000 pesos para turistas extranjeros
- 30.000 pesos para visitantes nacionales
Los líderes indígenas aclaran que estos pagos no constituyen tarifas oficiales, sino aportes comunitarios destinados a alimentación, logística y sostenimiento de las comunidades concentradas dentro del área protegida. Los recorridos incluyen guianza obligatoria y verificación de seguros médicos debido a las condiciones de senderos inundados y zonas de riesgo tras las recientes lluvias.
Impacto económico y división de opiniones
El cierre oficial ha generado una drástica reducción en el flujo turístico. Según Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento El Zaino, por una de las entradas ingresaron aproximadamente 400 personas en un día, cuando normalmente pueden llegar hasta 2.000 visitantes. Esta caída afecta significativamente la economía regional, impactando a hoteles, restaurantes, transportadores y comerciantes de toda Santa Marta y la Troncal del Caribe.
Sin embargo, algunos turistas respaldan abiertamente la presencia indígena, argumentando que el Tayrona es un territorio ancestral que debe ser administrado por sus pueblos originarios. "Nos encanta ver a nuestros hermanos mayores al frente de este lugar sagrado. Tienen todo el derecho de hacerlo", expresó una turista bogotana que ingresó junto a su familia.
Denuncias y tensiones con el Estado
Los Koguis cuestionan severamente el manejo histórico del parque por parte del Estado, denunciando abandono en la infraestructura a pesar de los significativos ingresos diarios que genera el destino turístico. "Hemos visto caminos dañados, puentes caídos desde hace meses y cero inversión", afirmó Gil durante las declaraciones.
Las comunidades también rechazan categóricamente las acusaciones oficiales que los vinculan con grupos armados ilegales presentes en la región. "Queremos desmentir eso. Los Koguis somos hombres de paz y nunca hemos estado ligados a grupos armados", insistió el vocero indígena, calificando estas afirmaciones como peligrosas y estigmatizantes.
Mientras tanto, la Policía mantiene presencia en los accesos al parque, pero sin intervenir directamente en la administración ejercida por indígenas y campesinos, creando un delicado equilibrio institucional.
Un conflicto que redefine el futuro del Tayrona
Los llamados "hermanos mayores" insisten en que no abandonarán el territorio sin un acuerdo que garantice su participación real en la administración del parque y un reconocimiento político, territorial y económico pleno. "Si el parque quiere seguir funcionando, tiene que dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todo", advirtió Juan Carlos Gil.
El Tayrona, símbolo natural de Colombia y motor turístico del Caribe, se encuentra hoy en el centro de una disputa que trasciende lo ambiental para enfrentar dos visiones de autoridad sobre un mismo territorio. Por un lado, el Estado y la legalidad institucional; por otro, los pueblos ancestrales que reclaman autonomía sobre lo que consideran su templo sagrado.
Mientras el diálogo entre las partes no se concrete, el parque más importante del país continúa funcionando en una realidad paralela: oficialmente cerrado por decreto estatal, pero activamente administrado por quienes aseguran haber regresado para no volver a ser excluidos de la gestión de su territorio ancestral.
