Consejo de Estado define destino de isla en Cartagena en disputa entre Estado y empresario
El Consejo de Estado se encuentra actualmente analizando uno de los casos más emblemáticos relacionados con la soberanía territorial colombiana, donde se enfrentan los intereses del Estado nacional contra los de un privado que busca apropiarse de un bien baldío en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, en Cartagena.
El origen del conflicto por Isla Fiesta
El predio conocido como 'Isla Fiesta', ubicado dentro del Parque Nacional Natural Islas del Rosario, se ha convertido en el centro de un complejo litigio judicial. Se trata de un terreno de más de 600 metros cuadrados que, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha sido ocupado irregularmente desde el año 2002 por el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde.
La situación se agravó cuando, después de mantener contratos de arrendamiento con valores irrisorios (el último por $220.439 mensuales), el empresario incumplió la obligación de restituir el predio tras la expiración del contrato en diciembre de 2023. "Lo que comenzó como una ocupación irregular ha derivado en una toma de hecho", señaló la ANT en documentos oficiales.
La respuesta estatal y la resistencia del empresario
Ante las exigencias de la Contraloría General de la República para sanear los baldíos con contratos vencidos en las islas, la ANT logró recuperar predios ocupados por 33 personas, pero encontró resistencia en el caso de Lisocki Fryde. "Es el único renuente a formalizar su situación y entregar el bien voluntariamente", según documentos consultados.
La agencia estatal incluso ofreció una salida legal mediante el Banco de Oferentes, con un nuevo contrato valorado en $11.600.000, pero el empresario incumplió tres invitaciones formales para presentar su oferta, prefiriendo mantener la explotación del baldío como lugar de descanso privado con servicios VIP.
El giro judicial y la intervención del magistrado
El caso tomó un rumbo inesperado cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar, con ponencia del magistrado Moisés Rodríguez, revocó un fallo inicial que favorecía al Estado y ordenó a la ANT devolver la isla al empresario en un plazo de 48 horas. Esta decisión se basó en una presunta vulneración al debido proceso mientras se resuelve un litigio mayor de nulidad absoluta.
La respuesta de la ANT fue inmediata: presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado argumentando que "proteger la ocupación de un bien baldío reservado, sin título alguno, atenta contra la soberanía nacional en territorio marítimo". La agencia sostiene que su actuación responde al cumplimiento de deberes legales y compromisos derivados del control fiscal.
Implicaciones nacionales y patrimoniales
Más allá de los 600 metros cuadrados de playas y palmeras, este caso pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para administrar sus bienes naturales. Las autoridades han expresado preocupación porque una decisión favorable al empresario podría establecer un precedente peligroso que permita a más privados apropiarse de baldíos nacionales con vocación turística.
El empresario Lisocki Fryde, quien figura como uno de los financiadores de la campaña 'Santos Presidente' en 2010, se ha lucrado durante más de dos décadas con la prestación de servicios para turismo de lujo en las Islas del Rosario, cobrando millonarias sumas a turistas extranjeros que visitan Cartagena.
El limbo actual y la espera por la decisión final
Mientras el Consejo de Estado analiza los argumentos de ambas partes, Isla Fiesta permanece en una situación de incertidumbre jurídica. Se trata de un paraíso natural que, según la legislación colombiana, pertenece a todos los ciudadanos, pero que en la práctica continúa siendo explotado comercialmente por un particular.
La decisión del alto tribunal marcará un precedente crucial sobre la protección de los bienes públicos y la capacidad del Estado para recuperar territorios que forman parte del patrimonio nacional, especialmente en zonas de alto valor turístico y ecológico como el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario.
