Baldíos en Colombia: La lucha por recuperar tierras de la Nación ocupadas ilegalmente
En Colombia, el término "baldío" no se refiere a tierras abandonadas o sin valor. Representa un bien de la Nación: inmuebles rurales sin propietario privado que, por mandato constitucional y legal, pertenecen al Estado para ser adjudicados bajo reglas específicas, especialmente a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No es una metárica agraria, sino una categoría jurídica concreta.
La teoría frente a la práctica histórica
La realidad ha sido muy diferente a lo establecido en la ley. Durante décadas, en múltiples regiones del país, los baldíos terminaron siendo explotados como si fueran propiedades privadas. Este proceso ha ocurrido con diversas modalidades:
- Escrituras de propiedad con fundamentos discutibles
- Formalizaciones posteriores que legalizaron situaciones de hecho
- Una secuencia recurrente: primero llega el alambre de púas para cercar la tierra, después llega el expediente administrativo
El Estado, cuando finalmente comparece en estos casos, lo hace tarde y con información incompleta, enfrentando mapas desactualizados y registros prediales que no reflejan la realidad territorial.
La respuesta institucional actual
Hoy, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, ha asumido una tarea que el país postergó por generaciones: identificar, clarificar y recuperar baldíos indebidamente ocupados para incorporarlos efectivamente a la reforma agraria. Esta no es una iniciativa retórica, sino una acción concreta sobre hectáreas identificadas con coordenadas específicas.
En la región Caribe ya se observan resultados tangibles:
- En Córdoba, específicamente en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, se han recuperado más de mil hectáreas identificadas como baldíos explotados por particulares
- En Magdalena, operativos similares han devuelto predios significativos al inventario público
- En el Cesar, el emblemático caso de la Hacienda Bellacruz reveló que más de mil hectáreas podían estar indebidamente ocupadas como si fueran propiedad privada
Estas recuperaciones no son meros relatos anecdóticos, sino que se sustentan en resoluciones administrativas, decisiones judiciales y procesos de recuperación formalizados.
El desafío del catastro incompleto
El problema fundamental trasciende los casos individuales. Colombia aún no cuenta con una radiografía predial completa de su territorio. El catastro multipropósito —la herramienta que integra información física, jurídica y económica del suelo— apenas cubría en 2025 alrededor del 26,8% del territorio nacional.
Esta situación genera graves consecuencias:
- En demasiados municipios se discuten linderos con cartografía envejecida
- Registros desactualizados generan superposiciones de títulos
- La pregunta "¿esto es baldío?" no siempre encuentra respuesta en una base única y verificable
- Muchas disputas se resuelven únicamente tras años de litigio judicial
El vacío legal y la concentración de tierras
En 2021, el Congreso tipificó el delito de apropiación ilegal de baldíos, una medida que parecía contundente. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inexequible, argumentando que el derecho penal exige legalidad estricta y tipicidad clara, y no puede castigar sobre zonas grises.
El fallo judicial revela una paradoja fundamental: si el Estado no identifica con precisión el bien jurídico —si no determina con claridad qué predio es baldío, en qué momento lo era y bajo qué régimen— la sanción penal se vuelve vulnerable. No por falta de indignación social, sino por falta de certeza jurídica.
Mientras tanto, la concentración de la tierra sigue siendo una forma de poder estructural. En departamentos del Caribe como Córdoba, el índice de Gini rural supera el 0,8, una cifra que no describe solo desigualdad económica, sino asimetrías estructurales profundas. Quien controla grandes extensiones territoriales controla empleo, crédito, encadenamientos productivos y, con frecuencia, influencia política local.
La democracia y la estructura rural
Un país puede tener elecciones, tribunales y discursos modernos, pero si su estructura rural se organiza como un tablero donde pocos mueven las piezas grandes y muchos apenas ocupan el borde, la democracia funciona con intermitencias preocupantes.
En este contexto, el catastro multipropósito deja de ser un tecnicismo administrativo y se convierte en una pregunta esencial: ¿sabemos quién es quién en la tenencia de la tierra colombiana? ¿Sabemos con precisión qué es público, qué es privado y qué nunca debió salir del dominio de la Nación?
Sin respuestas claras a estas interrogantes, la reforma agraria se reduce a promesas, el delito de apropiación ilegal se vuelve frágil, y la República ejerce su propiedad en abstracto, sin dominio efectivo sobre sus bienes.
Hacia una solución estructural
La reforma agraria colombiana no necesita consignas políticas vacías; requiere un inventario preciso y actualizado. Y este inventario no representa mera burocracia: constituye un ejercicio de soberanía territorial fundamental.
Mientras el mapa rural completo no exista, seguiremos atrapados en una paradoja incómoda: la Nación sin inventario claro de sus tierras y los particulares con cercas perfectamente alineadas que delimitan propiedades cuestionables.
Decimos que no vivimos en sociedades feudales, y es cierto: no existen castillos medievales. Pero todavía persisten cerramientos que funcionan como murallas invisibles, consolidando estructuras de poder territorial. La diferencia contemporánea radica en que ahora el feudo tiene Internet y señal 4G, y algunos confunden conectividad digital con modernidad institucional, cuando aún no hemos terminado de construir la República sobre la tierra que la sustenta.
