Panamá asume control de puertos del canal tras anular concesión a empresa china Hutchison
Panamá toma puertos del canal tras anular concesión a empresa china

Panamá ejecuta toma de control de terminales portuarias estratégicas tras decisión judicial

Las autoridades panameñas ejecutaron este lunes la toma de posesión de dos puertos estratégicos del Canal de Panamá, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings. Esta decisión se enmarca dentro del complejo pulso geopolítico que mantienen China y Estados Unidos por la influencia en infraestructuras críticas a nivel global.

Medida judicial desata reacciones internacionales contrapuestas

La Autoridad Marítima de Panamá, a través de su director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, Max Flórez, confirmó oficialmente la toma de control de los puertos de Balboa, ubicado en el lado Pacífico del canal, y Cristóbal, situado en el acceso Atlántico. Esta acción se produce tras la publicación del fallo judicial en el diario oficial, último requisito legal para su ejecución.

La Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, calificó la medida como "ilegal" y "confiscatoria", advirtiendo que el gobierno panameño asume "responsabilidad por cualquier perjuicio o daño causado". En contraste, el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, celebró la decisión afirmando que "es muy bueno para el pueblo de Panamá" y criticando la gestión anterior de los operadores.

Transición operativa y garantías laborales

El decreto de ocupación establece un período de transición de 18 meses durante el cual la operación de los puertos será temporalmente gestionada por dos de los principales operadores de carga mundial:

  • APM Terminals, subsidiaria del grupo danés Maersk, se hará cargo del Puerto de Balboa
  • Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante naviero MSC, administrará el Puerto de Cristóbal

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que "no habrá despidos" entre los aproximadamente 1.200 trabajadores de ambas terminales. Sin embargo, empleados consultados por la AFP manifestaron incertidumbre sobre su futuro laboral, con uno de ellos declarando: "Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro".

Contexto geopolítico y antecedentes contractuales

La Corte Suprema panameña fundamentó su decisión en que la concesión, renovada por 25 años en 2021, presentaba "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" en perjuicio del Estado panameño. Esta resolución llega en un momento particularmente sensible, cuando Hutchison negociaba la venta de sus operaciones portuarias -incluyendo las de Panamá- a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

El expresidente estadounidense Donald Trump había manifestado anteriormente su preocupación sobre el control chino del canal a través de Hutchison, llegando a desafiar con retomar la vía interoceánica por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.

Procesos legales internacionales y defensa panameña

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y actual encargado de la transición, negó que se trate de una expropiación, explicando que "es una ocupación para garantizar que la operación pueda continuar". Reconoció que los equipos siguen siendo propiedad de Hutchison y que posteriormente se buscará un acuerdo económico sobre la maquinaria.

Panamá se prepara para una prolongada batalla legal internacional, contratando a "las mejores firmas de abogados internacionales" para defender su posición ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París, proceso que según estimaciones podría extenderse por "muchísimos años". Hutchison ya anunció que impugnará la sentencia ante este organismo.

La importancia estratégica de estos puertos queda evidenciada por las cifras: durante 2025, las terminales panameñas movieron casi 10 millones de contenedores, de los cuales el 38% pasó por los puertos operados por Hutchison. China ha respondido a la cancelación de la concesión amenazando a Panamá con hacerle pagar "un alto precio" por esta decisión, intensificando las tensiones diplomáticas en la región.