Panamá incumple plazo para responder demanda de arbitraje por puertos del Canal
La filial en Panamá del conglomerado de Hong Kong CK Hutchison reveló este lunes que el Gobierno de Panamá no presentó respuesta alguna a la demanda de arbitraje internacional interpuesta por la empresa antes del plazo límite establecido para el 13 de marzo. Este incumplimiento ocurre tras la controvertida decisión gubernamental de anular los acuerdos que otorgaban a la compañía el control de dos estratégicos puertos en el Canal de Panamá.
Plazo fijado por la Corte Internacional de Arbitraje
Panama Ports Company (PCC), la subsidiaria local, explicó que el plazo fue determinado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Según la empresa, las autoridades panameñas solicitaron una prórroga parcial argumentando que no estaban preparadas para responder, ya que aún no habían contratado a los abogados especializados y necesitaban tiempo adicional para preparar su defensa legal.
Antecedentes: Anulación de acuerdos portuarios
En enero de este año, el Gobierno de Panamá tomó la decisión de anular los acuerdos que concedían a PCC el control operativo de dos puertos clave en el Canal de Panamá. Esta acción se basó en una sentencia judicial previa que declaró inconstitucionales dichos contratos, generando un conflicto legal y comercial de amplias repercusiones internacionales.
Acusaciones de violación del Estado de derecho
En un comunicado contundente, PCC acusó a Panamá de "hacer caso omiso del Estado de derecho" y tolerar acciones que calificó como graves, incluyendo:
- La ocupación, allanamiento y confiscación de instalaciones y bienes de la empresa.
- La perturbación sistemática de las operaciones portuarias y de la cadena de proveedores.
- El impacto negativo sobre empresas panameñas que colaboran con la operación portuaria.
Además, la compañía denunció que las autoridades no han devuelto documentos de inversores que, según su versión, fueron incautados de manera indebida durante una redada realizada en sus oficinas el mes pasado.
Silencio oficial ante las acusaciones
Hasta el momento, ni la Autoridad Marítima de Panamá ni la Presidencia de la República han emitido declaraciones oficiales o respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas graves acusaciones. Este silencio institucional contrasta con la gravedad de las denuncias presentadas por la empresa, que involucran aspectos fundamentales de seguridad jurídica y clima de inversión en el país centroamericano.
El caso representa un conflicto de alta complejidad legal y diplomática que podría tener consecuencias significativas para las relaciones comerciales internacionales de Panamá, particularmente en el estratégico sector portuario del Canal, considerado vital para el comercio marítimo global.
