La ley británica que silencia a la prensa tras el histórico arresto del ex príncipe Andrés
En un acontecimiento sin precedentes en los últimos cuatro siglos de la monarquía británica, el ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III y antiguo Duque de York, fue arrestado este jueves en medio del escándalo por sus vínculos con el pederasta y traficante sexual Jeffrey Epstein. La última vez que un miembro de la familia real fue detenido ocurrió a mediados del siglo XVII, cuando el rey Carlos I fue juzgado y decapitado por alta traición durante la guerra civil inglesa.
El bloqueo informativo y la advertencia a los medios
Más allá del escueto comunicado de la policía de Thames Valley, que informó sobre la captura de "un hombre de unos 60 años" por "sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", muy poco se conoce sobre los motivos específicos de la detención. No fue sino hasta que el rey Carlos III habló sobre el arresto de su hermano que se confirmó oficialmente la identidad del detenido.
En su declaración, el monarca reconoció su sorpresa y afirmó sentirse "consternado" por los señalamientos, aunque puntualizó que "la ley debe seguir su curso". Paralelamente, las autoridades emitieron un claro llamado de advertencia a la prensa británica: "Recuerden también que este caso está abierto, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal".
La Ley de Desacato al Tribunal de 1981
La normativa británica contiene una serie de disposiciones que restringen lo que la policía y los medios de comunicación pueden revelar sobre una investigación en curso. La Contempt of Court Act de 1981, o Ley de Desacato al Tribunal, establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo y, para proteger este derecho, prohíbe difundir contenidos, información o especulaciones que puedan perjudicar la imparcialidad de un juicio o influir en el jurado.
"Los detalles de una investigación policial, como qué es exactamente lo que buscan los detectives, por qué lo buscan, qué han recopilado hasta el momento y su valoración de esas pruebas, son datos que podrían influir en la opinión pública", explica Dominic Casciani, corresponsal legal de la BBC. El incumplimiento de esta ley puede acarrear multas e incluso penas de prisión para medios y periodistas.
La conexión con el caso Epstein
A pesar de la limitada información oficial, varios hechos permiten establecer conexiones con el caso Epstein. La principal se remonta al pasado 9 de febrero, cuando la policía de Thames Valley afirmó estar "evaluando" si Andrés compartió informes sensibles como antiguo enviado de comercio del Reino Unido con Jeffrey Epstein, lo que configuraría un delito de mala conducta en ejercicio de un cargo público.
Según documentos difundidos en Estados Unidos, el ex príncipe habría compartido en 2010 y 2011 datos confidenciales de su trabajo con el financiero convicto, incluyendo:
- Detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam y Hong Kong
- Informes de esas visitas elaborados por su asistente
- Datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán supervisadas por fuerzas británicas
Además, la fallecida Virginia Giuffre afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el ex príncipe cuando era menor de edad, alegación que él siempre ha negado. Recientemente, medios divulgaron fotografías que muestran a Andrés con una segunda mujer, tocándola mientras ella está tumbada en el suelo.
La cultura de privacidad británica
Otro factor que explica la cautela informativa es la cultura de privacidad británica, donde incluso la policía evita revelar el nombre de la persona investigada, excepto en casos muy específicos. "¿Por qué? Porque la investigación no es prueba de un crimen. Las personas sospechosas de haber cometido un delito tienen derecho a recuperar su vida si la policía concluye que no han participado en ningún delito", agrega Casciani.
Este arresto histórico no solo marca un nuevo episodio en la fulminante caída en desgracia del ex príncipe Andrés, sino que también evidencia cómo el marco legal británico prioriza la protección del proceso judicial sobre la libertad informativa inmediata, generando un delicado equilibrio entre el derecho a la información y las garantías de un juicio imparcial.
