Demanda millonaria contra Uruguay avanza en tribunal internacional por revocación de concesión vial
El proceso arbitral iniciado por la empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental (Afao) contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato de concesión de la Ruta 1 avanza significativamente en el ámbito internacional. El árbitro alemán Stephan Schill, reconocido experto en derecho público internacional, ha aceptado formalmente su nombramiento en el caso, designado por la parte demandante.
Procedimiento ante el Ciadi
Con esta aceptación, el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, progresa en la conformación del tribunal arbitral. El Ciadi había comunicado el registro de la solicitud de arbitraje presentada por Afao contra Uruguay el 29 de julio de 2025, dando inicio formal al procedimiento.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992. La controversia se vincula directamente con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
Antecedentes del conflicto
Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, fundamentó la decisión de rescisión en "graves incumplimientos" por parte del concesionario. Entre estos incumplimientos destacaban:
- Retrasos significativos en las obras, que debían finalizar en 2003
- Observaciones críticas de la Auditoría Interna de la Nación sobre la situación económico-financiera del concesionario
- Problemas fiscales ante la Dirección General Impositiva
Por su parte, la firma española reclama 383 millones de dólares al Estado uruguayo por lo que califica como una "expropiación" de la concesión. Afao, accionista de la concesionaria a través de Bimper, sostiene que la controversia está amparada en el acuerdo de protección de inversiones vigente entre ambos países.
Historial de reclamos
La empresa ya había presentado una reclamación en 2009 por 272,7 millones de euros (equivalentes a 321,4 millones de dólares en ese momento). En su argumentación, Afao consideraba que la concesión fue rescindida cuando restaba apenas 3% de la obra y más de diez años de explotación, denunciando lo que calificó como un "asedio fiscal y administrativo" y la falta de indemnización correspondiente.
El proyecto original incluía:
- Un puente estimado en 45 millones de dólares
- Una carretera de aproximadamente 80 kilómetros
En 2011, el Consorcio Ruta 1 sostuvo que 96% de las obras estaban ejecutadas y que la crisis económica de 2002 le había triplicado los costos en dólares mientras reducía a la tercera parte sus ingresos por peaje.
Contexto económico del conflicto
Ya en 2005, el consorcio argumentaba que se había producido una "ecuación económica rota" que alteró sustancialmente las condiciones originales del contrato. Señalaban específicamente que:
- La recaudación del peaje había caído de aproximadamente 700.000 dólares antes de la crisis a alrededor de 230.000 dólares
- Las deudas se habían triplicado en el período previo a la rescisión
Este complejo escenario precedió directamente a la decisión del Poder Ejecutivo uruguayo de rescindir el contrato ese mismo año, dando origen a una disputa legal que ahora, dos décadas después, alcanza su fase decisiva ante un tribunal arbitral internacional.
