Gobierno colombiano agotará recursos internacionales para defender intereses en litigio con Telefónica
El Gobierno de Colombia anunció este miércoles que utilizará todos los recursos legales disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la empresa española Telefónica. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ratificó que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo arbitral.
Disputa legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
Según la ANDJE, el laudo que condenó a Colombia a pagar la millonaria suma fue notificado a las partes el 12 de noviembre de 2024, tras un periodo excesivo de tres años de deliberaciones. Pocos días después, esa entidad solicitó su anulación y la suspensión de su ejecución hasta tanto se tome una decisión definitiva. En la página de internet del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el caso ARB/18/3, con Telefónica como reclamante y la República de Colombia como contraparte, aparece aún como "pendiente".
El próximo 3 y 4 de junio de 2026 se adelantará en París la audiencia del trámite de la solicitud de anulación, donde un comité ad hoc escuchará a las partes y se realizarán los alegatos finales. La ANDJE destacó que el resultado del caso Telefónica es completamente contrario al que adoptó, tres años atrás, otro tribunal arbitral en un caso iniciado por América Móvil sobre la base de los mismos hechos, aunque el tratado internacional aplicable y las violaciones alegadas eran distintos.
Orígenes del conflicto y posición del Gobierno
Telefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por medidas de las autoridades colombianas para obtener la reversión de activos relacionados con las telecomunicaciones. Por esas medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017, lo que, según la empresa, afectó sus inversiones en el país.
Al recurrir al arbitraje internacional del Ciadi, Telefónica argumentó que las medidas del Gobierno colombiano violaron el "Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones" suscrito con España en septiembre de 2007, por lo que solicitó que se ordenara a la nación andina el reintegro de la suma pagada. El tribunal internacional le dio la razón a la empresa española y condenó a Colombia a reintegrarle la suma de 379,8 millones de dólares.
La compañía española cerró sus operaciones en Colombia en febrero pasado con la venta a Millicom del 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia como parte del plan estratégico para "reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica" y enfocarse en los mercados de España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
Posición del presidente Petro sobre arbitraje internacional
El pasado 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro dijo que el país se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión porque considera que esos tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados. Petro respondió así a una carta enviada por más de 200 economistas y académicos, incluidos el nobel estadounidense Joseph Stiglitz y el economista francés Thomas Piketty, en la que le solicitaron retirarse del Ciadi.
La ANDJE solicitó al Ciadi la suspensión del laudo, que se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2024. El organismo gubernamental mantiene su compromiso de defender los intereses del Estado colombiano en este complejo litigio internacional que involucra importantes sumas de dinero y principios de soberanía jurídica.
