Colombia enfrenta pago multimillonario a Telefónica tras fallo del tribunal internacional CIADI
Un comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha tomado una decisión de gran peso contra Colombia, rechazando una solicitud del Estado para suspender el pago de USD$ 379.000 dólares (equivalente a 1,3 billones de pesos) a favor de la empresa española Telefónica, conocida en el país como Movistar. Esta resolución coloca al país en una situación financiera delicada mientras se define el último recurso legal disponible.
Antecedentes del conflicto arbitral
El origen de esta disputa se remonta a noviembre de 2024, cuando Telefónica obtuvo un fallo favorable en primera instancia ante el CIADI. El tribunal internacional determinó que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de la multinacional, específicamente en relación con la cláusula 33 del contrato suscrito en los años noventa para el despliegue de servicios de telecomunicaciones.
Según esta cláusula, Telefónica estaba comprometida a devolver a la Nación todos los bienes y elementos utilizados para prestar el servicio de telefonía. Sin embargo, la interpretación divergente de este punto generó una confusión tan significativa que, con el paso de los años, la devolución física de los activos se volvió imposible. Este desacuerdo escaló a instancias jurídicas nacionales, donde la Cámara de Comercio de Bogotá ordenó en 2017 a la empresa pagar $3,1 billones a Colombia como compensación por la incapacidad de retornar los bienes.
La batalla legal se traslada al ámbito internacional
Inconforme con el desarrollo de la justicia colombiana, Telefónica decidió llevar el pleito ante el CIADI, argumentando que Colombia modificó las normas unilateralmente y que su obligación se limitaba únicamente a devolver el espectro radioeléctrico. El fallo inicial de 2024 favoreció a la multinacional, pero el proceso fue suspendido temporalmente luego de que Colombia solicitara la anulación del laudo arbitral y la suspensión de su ejecución.
No obstante, el pasado 5 de marzo, el comité ad hoc del CIADI levantó esta suspensión provisional, permitiendo que Telefónica inicie el proceso de cobro. Esta decisión se tomó después de que Colombia se negara a suscribir una garantía de pago en caso de que el trámite de anulación resultara desfavorable. Las autoridades colombianas alegaron una imposibilidad para emitir dicha póliza y propusieron soluciones alternativas, aunque sin proporcionar detalles públicos al respecto.
El último recurso: la audiencia de anulación en París
A pesar de este revés, Colombia aún mantiene una esperanza legal. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) confirmó que los días 3 y 4 de junio de 2026 se llevará a cabo en París la audiencia del trámite de anulación, donde un comité ad hoc escuchará los argumentos de ambas partes. La Andje, que ha contratado los servicios de Wordstone Dispute Resolution, continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación.
Un antecedente alentador para Colombia es el caso de 2021, cuando el CIADI falló en contra de Claro (América Móvil) en un expediente idéntico, salvando al país de pagar $4,6 billones. Sin embargo, los expertos destacan que el convenio de inversión de Claro se realizó con México, mientras que el de Telefónica se enmarca en el Tratado Bilateral de Inversiones con España, lo que introduce matices jurídicos diferenciados.
Implicaciones para la seguridad jurídica y la inversión extranjera
La resolución final de este caso no solo impactará las finanzas públicas, sino que también enviará una señal crucial sobre la seguridad jurídica que ofrece Colombia para las inversiones en el sector de telecomunicaciones. Según Yebrail Haddad, director internacional de la Andje, de aproximadamente 45 procesos arbitrales que Colombia ha enfrentado a lo largo de su historia, solo uno ha resultado en una condena en contra, mientras que ocho han concluido con absolución para el Estado.
Este expediente internacional pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país para equilibrar la protección de sus intereses nacionales con las obligaciones derivadas de los tratados de inversión. Mientras Telefónica se prepara para ejecutar el laudo, Colombia aguarda la audiencia de junio como su última oportunidad para revertir una decisión que, de confirmarse, tendría repercusiones económicas y reputacionales de largo alcance.
