San Gil enfrenta desafíos documentales en juntas comunales previo a elecciones 2026
El próximo domingo 26 de abril de 2026 están programadas en todo el país las elecciones para conformar las mesas directivas de las juntas de acción comunal (JAC). En el municipio de San Gil, uno de los principales retos consiste en garantizar que las 106 organizaciones inscritas lleguen al proceso electoral con toda su documentación completamente en regla.
Según el balance oficial entregado por la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, de las 106 organizaciones comunales registradas, solamente 86 cuentan actualmente con la reglamentación adecuada y las actas administrativas necesarias para acreditar su representación comunal ante la administración municipal local.
Desinterés comunal y problemas institucionales
Mónica Guerrero, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, explicó que en la mayoría de los casos este proceso de formalización no se ha concretado debido al desinterés manifiesto de algunos comunales, situación que debilita significativamente el trabajo que se adelanta desde los diferentes barrios y comunidades.
De acuerdo con Guerrero, esta situación también genera un problema institucional de consideración: la administración municipal habría entregado insumos y recursos a juntas que no estarían legalmente constituidas, lo que, según su perspectiva, podría contrariar la normatividad vigente y afectar la unidad necesaria para desarrollar un trabajo conjunto, manteniéndose al margen de sesgos políticos particulares.
Avances desiguales entre zonas urbanas y rurales
En cuanto al progreso de la formalización documental, la dirigente comunal aseguró que el mayor nivel de cumplimiento se registra en las juntas de las zonas rurales: de las 37 organizaciones existentes en estas áreas, 34 tendrían sus mesas directivas con los actos administrativos y la documentación completamente al día.
Por el contrario, Guerrero afirmó que, hasta el momento, con la actual administración municipal el trabajo no ha sido fluido y que son muy pocos los procesos que han llegado a feliz término, especialmente en el sector urbano donde se concentran las mayores dificultades.
Convenios solidarios y participación comunitaria
Juan Gabriel González, secretario de Infraestructura y Control Urbano del municipio, despacho encargado de supervisar los convenios solidarios, indicó que durante el año 2025 se adelantaron seis procesos específicos para la construcción de placas huella en igual número de veredas rurales.
El funcionario explicó detalladamente que estos convenios han permitido un uso más eficiente de los recursos públicos y un mayor alcance territorial: en cada sector intervenido, el promedio de trabajo ejecutado era de aproximadamente 70 metros lineales, incrementándose en un 15% gracias a los valiosos aportes complementarios de las comunidades organizadas.
Diana Martínez, secretaria de Planeación municipal —dependencia desde donde se estructuran formalmente los convenios—, señaló que entre los años 2024, 2025 y lo corrido de 2026 se han firmado un total de 13 convenios solidarios, todos ellos localizados exclusivamente en zonas rurales del municipio.
Martínez añadió que con las juntas urbanas se han presentado múltiples retos para sacar adelante estos trabajos comunitarios: organizaciones con procesos de funcionamiento incompletos, falta de nombramiento oficial de algunos cargos directivos, documentos pendientes por regularizar y, en ocasiones específicas, la negativa explícita a realizar aportes comunitarios requeridos.
Carrera contra el tiempo electoral
En este complejo panorama, las próximas elecciones comunales representan un reto adicional significativo. Entre las tareas pendientes más urgentes se encuentra la conformación del tribunal de garantías electorales, que, según el calendario nacional establecido, debe quedar completamente listo a más tardar el 26 de marzo de 2026.
Guerrero indicó enfáticamente que, previo a este paso crucial, los presidentes de juntas y sus equipos directivos deben depurar urgentemente los libros de afiliados y organizar toda la documentación pendiente de regularización.
"Si estos requisitos no se cumplen adecuadamente, es muy probable que, una vez llegue la elección del 26 de abril, muchas juntas vuelvan a quedar sin respaldo documental al día y, en el peor de los escenarios posibles, podrían quedar en grave riesgo de perder su personería jurídica", advirtió la dirigente comunal con preocupación evidente.
La situación documental de las juntas de acción comunal en San Gil se convierte así en un tema de máxima prioridad administrativa y comunitaria, donde el tiempo corre en contra de la regularización necesaria para garantizar procesos electorales transparentes y legítimos que fortalezcan la participación ciudadana organizada.
