El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó un llamado directo a la candidata presidencial Paloma Valencia para que retire la demanda interpuesta contra el decreto 0415 sobre el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones, al tiempo que solicitó a la Corte Constitucional actuar con mayor celeridad frente a decisiones clave sobre la reforma pensional.
Llamado a la celeridad judicial
Durante su intervención en la última jornada del 19 Congreso Anual de Asofondos, que concluye este viernes en Cartagena, el funcionario insistió en que el país no puede permitir que debates estructurales sobre derechos sociales queden atrapados en disputas jurídicas o dilaciones institucionales. “A pocas semanas de ir a las urnas es imposible reducir este debate a una cuestión meramente jurídica”, afirmó, al advertir que las acciones legales en curso están retrasando la implementación de cambios que considera urgentes para millones de colombianos.
Defensa de la reforma pensional
El ministro, quien habló en representación del gobierno del presidente Gustavo Petro, defendió la reforma pensional como uno de los principales logros sociales recientes, junto con la reforma laboral. Según explicó, estas iniciativas no solo transforman el marco normativo, sino que amplían la participación ciudadana en debates reservados a élites técnicas. En ese contexto, cuestionó lo que calificó como una “dilación inaceptable” por parte de la Corte Constitucional en el estudio de la reforma pensional, cuya aplicación se encuentra suspendida provisionalmente. Aunque expresó respeto por el alto tribunal, subrayó que las decisiones judiciales deben responder con oportunidad a las necesidades sociales. “Desbloquear la reforma pensional significa renovar el compromiso con millones de trabajadores y adultos mayores que necesitan una decisión ya”, señaló.
Llamado a candidatos presidenciales
El llamado también se extendió a los candidatos presidenciales, a quienes instó a desistir de acciones que, a su juicio, buscan retrasar el mandato popular expresado en el Congreso. Sin mencionar directamente nombres adicionales, el mensaje apuntó a reducir la judicialización del debate político en un momento clave del calendario electoral.
Impacto de la reforma
Sanguino defendió el contenido de la reforma pensional, destacando su objetivo de ampliar la cobertura y reducir desigualdades estructurales. Según cifras presentadas, la iniciativa busca alcanzar una cobertura del 87 por ciento hacia 2052, permitiendo que más de 13 millones de personas accedan a una pensión. Asimismo, resaltó el impacto del pilar solidario, que hoy beneficia a cerca de 2,9 millones de adultos mayores con transferencias mensuales, contribuyendo a reducir los niveles de pobreza extrema en esta población.
Superar el modelo competitivo
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de superar el modelo competitivo entre regímenes pensionales para avanzar hacia un sistema complementario y articulado entre lo público y lo privado. En ese sentido, defendió la colaboración con los fondos privados y el papel del diálogo social en la implementación de la reforma.
Efectos de la suspensión
El ministro también se refirió a los efectos de la suspensión de la ley, señalando inconsistencias en la financiación de obligaciones pensionales, especialmente en casos de traslado entre regímenes. Según explicó, más de 25.000 personas han consolidado su pensión sin que se hayan trasladado aún los recursos correspondientes, lo que genera presiones financieras sobre el sistema público.
En respuesta a este escenario, el Gobierno expidió el decreto 0415, que establece condiciones para la exigibilidad de dichos recursos. No obstante, esta medida también enfrenta cuestionamientos legales, lo que ha intensificado el debate político y jurídico en torno a la reforma.
Llamado final a la acción
Por último, Sanguino reiteró la necesidad de avanzar sin bloqueos en las transformaciones estructurales del país. “Debemos superar la parálisis y avanzar en las reformas que Colombia necesita”, concluyó, haciendo un llamado a todos los actores —políticos, judiciales y sociales— a priorizar el interés general sobre las disputas institucionales.
